Las tarifas siguen siendo uno de los puntos mas insólitos durante la gestión macrista, donde se dolarizó el esquema tarifario y se aplicó un ajuste brutal a toda la población. Ahora el Observatorio de Servicios Públicos de la UNLP publicó un informe donde se relevaron los resultados de auditorías realizadas por el ENRE y la AGN en 2021, y se contrastó las conclusiones de ambos organismos con la evolución tarifaria y su impacto en los ingresos de las familias del AMBA.

Allí dieron cuenta de que en la renegociación de tarifas del 2017 llevada adelante por Cambiemos, se privilegió la rentabilidad de las empresas Edenor y Edesur en desmedro de la economía de los hogares y sectores productivos. Además se indica que “una de las principales evidencias que dejan las auditorías de ENRE y AGN es la ausencia de participación y consulta a diversos actores fundamentales en el proceso de RTI convocado por la gestión Cambiemos”.

El ENRE en la auditoría consigna que la Revisión Tarifaria Integral (RTI) fue "carente de validez jurídica", que a partir de distintos procedimientos irregulares el proceso fue una "fachada para el blanqueo de mayores ingresos a las distribuidoras" porque el Estado no contaba con la información necesaria. Asimismo la auditoría afirma que el objetivo de la política de las tarifas, fue garantizar una rápida transferencia de ingresos a las empresas Edenor y Edesur. Y que se "flexibilizaron" los parámetros de calidad y de inversiones para beneficiar a las operadoras.

Justamente, el director del OSP-UNLP, Eduardo Baldi, sostuvo al respecto que resulta “ostensible la falta de intervención de Universidades Nacionales con amplia trayectoria en materia de servicios públicos”.

¿Qué dice el informe?

En el informe se resalta que en la auditoría el ENRE estableció que el “objetivo prioritario” de la política tarifaria eléctrica del gobierno de Mauricio Macri fue “dotar de ingresos a las empresas y reducir los subsidios, sin importar sus efectos sobre los usuarios ni otras consideraciones respecto a la prestación del servicio”.

Además se resalta que en la auditoría se estableció que los costos admitidos en la RTI por el ENRE fueron en promedio para ambas empresas un 57,5% mayores a los registrados durante el ejercicio contable 2015. Ello es, en el caso de Edesur una brecha excedente de $ 2021,21 millones (61%) y en el caso de Edenor de $ 2193,9 millones (54%).

Y concluye que “La conducción del ENRE durante la gestión Cambiemos no respetó los procedimientos administrativos y la división de responsabilidades que formalmente rigen el organismo, presentando un alto nivel de informalidad y discrecionalidad en la confección de los datos y los antecedentes”.