Adorni usa una Ley "Kirchnerista" para forzar a medios privados a difundir mensajes oficiales
El gobierno de Javier Milei echó mano de las herramientas "colectivistas" para que las radios y los canales de TV difundan mensajes de manera gratuita
Tras haber suspendido la pauta oficial en el marco de las políticas de ajuste del gobierno nacional, lo que incluyó además la suspensión de los pagos de servicios prestados durante el año 2023, ahora el gobierno de Javier Milei avanza nuevamente contra los medios privados, esta vez aplicándo un artículo de la Ley de Medios para obligar a radios y canales de televisión a difundir mensajes de manera "gratuita".
El primero de los mensajes, es además de caracter religioso y tiene que ver con la "Pascua de Resurrección", con varios spots que deberían emitirse entre el 24 y el 31 de marzo de este año es decir que la gestión que se jacta de la no intervencion del Estado en asuntos de la sociedad civil, si lo hace para acercarse a la Iglesia Católica, luego de los durísimos informes sobre el crecimiento de pobreza de la UCA y de las duras críticas de la Conferencia Episcopal Argentina, que acusó a Milei de gobernar de manera "insensible" con los pobres y los jubilados.
El segundo de los mensajes, ordenados a través de una disposición que lleva la firma del vocero presidencial, Manuel Adorni, es una campaña de prevención contra el dengue, que se pone en marcha apenas unos días después de que el mismo funcionario afirmara que en el gobierno nacional no consideraban necesaria la implementación de ninguna campaña porque la información disponible era suficiente.
Es cierto que el gobierno tiene la potestad de definir cuales son los mensajes "de bien público", que según el art. 76 de la Ley de Medios, deberán emitirse de manera gratuita, pero es tan cierto como que esta gestión no solo eliminó la publicidad oficial y rechazó los pagos adeudados, salvo para algunos medios amigos, sino que mantuvo el impuesto a los servicios de comunicación audiovisual. Es decir que el mismo Estado que no paga sus deudas, exige el pago de impuestos y abusa de las herramientas legales que posee para presionar a los medios privados.
Además, llamativamente los pagos de publicidad ya emitida que si realizó el gobierno a través de Scretaría de Medios que conduce el periodista Eduardo Serenellini y que ascienden a 100 millones de pesos, solo fueron destinados a medios "amigos" como La Nación o la productora "La Cornisa" de Luis Majul, o a otros que tras esa liquidación comenzaron a mostrar una línea editorial marcadamente a favor del gobierno nacional, como el caso de "El Popular" de Olavarría.
Según trascendidos la pauta oficial ya fue reactivada a través de otros mecanismos, que van desde contratos por otro tipo de servicios para quellos grupos económicos que además de medios de comunicación pueden ofrecer otras prestaciones, como el caso de Clarín, a través de publicidad de entes descentralizados, como YPF, Aerolíneas Argentinas y el Banco Nación, y finalmente con los famosos "sobres" en aquellos casos en los que no es conveniente que la vinculación publicitarias genere algun tipo de registro.
Claro que esos recursos solo apuntan a un selecto grupo de "grandes medios" y periodistas estrella, mientras que para la mayoría de las empresas de comunicación locales y regionales solo vienen sufriendo los tarifazos, los aumentos, la quita de la pauta, el aumento de impuestos y ahora también la obligatoriedad de emitir publicidad gratuita.
¿Será válido que los medios privados se plieguen a la rebelión fiscal que convocó José Luis Espert asegurando que no era un delito?, ¿o será que la vara del gobierno nacional mide manera distinta según las cosas ocurran en jurisdicción federal o en territorio bonaerense?.
En el "Año de la defensa de la vida, la libertad y la propiedad", el gobierno librertario prefiere pisotear la libertad empresaria de los medios de comunicación, intervenir cual gobierno "colectivista" con herramientas legales de una normativa impulsada por el kirchnerismo en el Congreso Nacional y presionar para la difusión de mensajes religiosos y mensajes de bien público que la propia gestion considera "innecesarios".