Estos son todos imputados por la Gestapo sindical de Vidal

A pesar de los intentos de María Eugenia Vidal de rechazar la existencia de una Gestapo Sindical, que durante su gobierno se encargaba de armar causas contra dirigentes opositores, sobre todo del ámbito sindical, la justicia avanza a paso firme y en la últimas horas se conoció una ampliación del pedido de imputación que incluye a la propia ex mandataria.

La "reunión de trabajo", como calificaron desde el PRO al encuentro que quedó registrado en el video que denunció la Agencia Federal de Inteligencia, sería, según la fiscal Ana Russo, prueba del desarrollo de una estrategia "elaborada por el gobierno nacional, provincial y municipal durante el año 2017, dirigida a impulsar denuncias para involucrar en investigaciones penales a personas vinculadas con la práctica sindical relacionada con actividades de la construcción".

La última novedad es que la fiscal pidió la imputación de Vidal por el delito de presunta asociación ilícita y  en el mismo acto solicitó que analicen las llamadas de su teléfono celular entre  mayo y diciembre de 2017, lo que completa el pedido de ampliación de la prueba para la causa.

La clave de la investigación de la "Gestapo sindical", y del escándalo, es la presencia de Diego Dalmau Pereyra, Juan Sebastián De Estéfano y Darío Biorci, los tres agentes de inteligencia de la AFI, que claramente eran los que comandaban la reunión, por lo que resulta llamativo que tanto la exgobernadora como los dos exfuncionarios de su gobierno manifiesten que desconocían la presencia de "espías" en el encuentro.

Dalmau Pereyra esa además uno de los agentes procesados en la causa que investiga el espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del Submarino Ara San Juan, por la que también están apuntados funcionarios del gobierno de Mauricio Macri.

Todos los imputados por la Gestapo sindical son:

María Eugenia Vidal, exgobernadora Marcelo Villegas, exministro de Trabajo de Cambiemos Roberto Gigante, exmnisttro de Infraestructura de Cambiemos Juan Pablo Allan, senador provincial (Juntos) Julio Garro, intendente de La Plata Adrian Grassi, ex subsecretario de Infraestructura Marcelo Jaworski, Director General de Copetro Fabián Cusini, Constructor y organizador inmobiliario Jorge Oscar del Río, presidente de APYMECO Fernando Sacrachi, director de ACIP Guillermo Moretto, vicepresidente del Colegio de Arquitectos de la provincia Ricardo Alconada, Presidente de OCSA Bernardo Zaslascky, director de la ACIMCO

Llama la atención también que ninguno de los asistentes al encuentro haya tenía que registrarse para ingresar a la sede porteña del Banco Provincia, un requisito regular que incluso cumplen altos funcionarios del gobierno, por lo que se sospecha que el objetivo era mantener la reunión en el mas absoluto secreto, básicamente por el contenido de la misma.

Según la ministra de gobierno de la provincia, Cristina Álvarez Rodríguez, las pruebas que aparecieron hasta ahora son suficientes para demostrar "lo que denunciamos en 2016", es decir la existencia de "un mecanismos para perseguir a opositores y meterlos presos, para perseguir a civiles y meterlos presos", con el uso del aparato del Estado, del poder ejecutivo y el judicial para conseguirlo.

[caption id="attachment_69277" align="aligncenter" width="800"] Villegas deberá explicar que significa que “Hemos chequeado con la Procuración, Fiscalía, con el juez que eso va a funcionar”[/caption]

En su intento de defensa Vidal no pudo explicar porque había agentes de la AFI en la reunión, y todavía nadie explicó tampoco porque la entonces gobernadora, varios de sus funcionarios y hasta el cuestionado procurador general, Julio Conte Grand, contaban con teléfonos encriptados provistos por la Agencia Federal de Inteligencia, en un hecho absolutamente inédito para la gestión bonaerense.

Desde el PRO aseguran que la imputación en el marco de la causa por la Gestapo sindical fue "al boleo" y sin pruebas, pero en la fiscalía confían en que los registros que ya se conocen serán suficientes para probar la existencia de una organización tendiente a forzar la detención de algunos dirigentes sindicales opositores ala gestión de Cambiemos, mas concretamente el titular de la UOCRA La Plata, Juan Pablo "El pata" Medina.

Vidal y sus ex funcionarios apuntados por la Gestapo, deberán demostrar porqué si existían causas legítimas en la justicia contra los dirigentes de gremios de la construcción era necesario forzar las denuncias y recibir asistencia del organismo de inteligencia, y además Villegas tendrá como tarea extra aclarar que significa que "hemos chequeado con la Procuración, Fiscalía, con el juez que eso va a funcionar”, en relación al pedido a los empresarios para que realicen denuncias.

Ni siquiera en una causa real un funcionario del ejecutivo podría actuar de esa manera, por otro lado, si Villegas sabía de antemano como iba a fallar el juez es evidente que existió por lo menos un caso de prejuzgamiento, por lo que se siguen sumando irregularidades técnicas una causa que ya tiene una profundidad política dificil de sostener para algunos de los implicados.