Testigo afirmó ante la justicia que Iguacel montó una "mesa judicial" para generar denuncias contra CFK

En el marco del juicio por la Causa Vialidad, un nuevo testigo rechazó la existencia de irregularidades en las obras de la provincia de Santa Cruz y volvió a complicar al ex titular de ese organismo durante el gobierno de Cambiemos, Javier Iguacel, al que acusó de montar una especie de mesa judicial para generar denuncias en contra del gobierno de Cristina Kirchner.

Esta semana ya se habían conocido los resultados de la auditoría que encargó Iguacel en los primeros meses de su gestión, y que no mostró irregularidades importantes, sino apenas inconsistencias mínimas y diferencias de precios que no llegaban al 0,006% por lo que la fiscalía tiene dificultades para sostener la acusación.

Pero además, este miércoles declaró el ingeniero Justo Pastor Romero, funcionario de carrera del orgnismo nacional, enviado por Iguacel a Santa Cruz para realizar la auditoria interna, para lo cual solo contó con un plazo de 15 días a pesar de que debía auditar mas de 2200 kilómetros de rutas.  A pesar de las dificultades, el auditor elaboró el informe, y en su presentación ante la justicia ratificó que no hubo irregularidades y denunció la existencia de un sistema para generar denuncias.

Según Romero la Oficina de Ética y Transparencia del organismo "salía por lods distritos a arengar a la gente que denuncie", es decir que "era una usina generadora de denuncias", lo que le permitió recibir alrededor de 400 por año, "aunque mas de 300 eran desechadas por improcedentes" explicó el auditor.

En su declaración indicó que la mayoría de las presentaciones tenían que ver con cuestiones técnicas y hasta detalló como algunas inspecciones terminaban desestimando las denuncias porque se comprobaba que no existína irregularidades o que la situación denunciada estaba contemplada en los pliegos de licitación de la obra.

En definitiva, durante el juicio la fiscalía no logró demostrar un atraso significativo en los plazos de ejecución, ni sobreprecios en las obras, y mucho menos la inexistencia de los trabajos, ya que los informes presentados permitieron certificar sobre que rutas y en que condiciones los prestatarios habían actuado.

Como si fuera poco tampoco quedó acreditada la supuesta cartelización de la empresas, y los funcionarios de carrera que fueron citados a declarar rechazaron haber recibido órdenes de algún superior para disminuir los controles en Santa Cruz, lo que evidencia un claro direccionamiento de la denuncia por parte de las autoridades del organismo para impactar sobre funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner.