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Tras una auditoría en ABSA, Provincia evalúa ir a la Justicia

Tras una auditoría en ABSA, Provincia evalúa ir a la Justicia

El Gobierno bonaerense desaprobó los números de ABSA durante el último año de gestión de María Eugenia Vidal, y no descarta llevar a la Justicia a quien encabezó el ejercicio 2019 de la operadora de agua y saneamiento, Raffaele Sardella

Según trascendió, tras una auditoría realizada durante tres meses la actual administración de la empresa estatal denunció la existencia de “un sinnúmero de situaciones controversiales e irregularidades, como así también una deuda con proveedores y contratistas superior a los $ 1.000 millones”.

Al respecto, el ministerio de Infraestructura bonaerense desaprobó a través de un acta la rendición del ejercicio 2019, el último año de gestión de Sardella. El titular de la cartera, Agustín Simone, expuso: “No sólo no podemos aprobar un ejercicio en este estado, sino que, además, lo analizaremos en profundidad porque no descartamos presentarnos como querellantes en la Justicia”.

Dicho ésto, manifestó: “Los municipios del interior tienen colapsadas las redes de agua y de cloacas, y las plantas depuradoras no tienen capacidad de tratamiento. Todos los intendentes coinciden en que en los últimos cuatro años se deterioró mucho el servicio de ABSA. Y encima, dejaron una deuda millonaria”.

Deudas y gastos exorbitantes

Entre los puntos de la auditoría, queda expuesto que cuando asumió la nueva gestión encontró a la empresa en una “virtual cesación de pagos” que “obligó a instrumentar medidas urgentes para evitar poner en jaque el funcionamiento básico (compra de cloro, potabilizantes), debido al caos operativo imperante”.

Y destaca: “Resulta inexplicable que Sardella ejerciera la titularidad de ABSA y haya mantenido su puesto jerárquico en el Grupo SOCMA (vinculado al expresidente Mauricio Macri). Se observa una incompatibilidad manifiesta en el desempeño de ambas tareas en simultáneo, al existir un evidente conflicto de intereses”.

Vale mencionar que la auditoría, también deja a la luz “exorbitantes gastos sin justificación”, como por ejemplo, “un alquiler por $ 40 millones anuales del edificio central de la empresa; la inversión que aún no se pudo precisar en cifras del equipamiento de ese edificio; el alquiler de una oficina en Esmeralda y Paraguay (CABA) por $ 556.380, de uso exclusivo del ex presidente (más la compra de un mobiliario en el que aún no se pudo precisar la cifra)”.

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