En el día de la Memoria, el Gobierno volvió a negar los 30.000 desaparecidos

Bajo el cielo del centro de Buenos Aires y en numerosas plazas a lo largo del país, una marea de activistas de derechos humanos, movimientos sociales, partidos políticos y ciudadanos autoconvocados se congregaron para conmemorar los 48 años del inicio de la última Dictadura Cívico-Militar.

Sin embargo, en este Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el Gobierno de Javier Milei optó por una postura polémica, atacando la causa de los derechos humanos y desafiando la memoria de las víctimas de la dictadura cívico-militar, así como a aquellos que las han defendido durante cuatro décadas de democracia.

A través de las redes sociales, la Casa Rosada difundió un video de más de doce minutos, presentando entrevistas con familiares de víctimas de un atentado guerrillero en 1974 en Tucumán, un ex guerrillero que afirmó haber inflado la cifra de 30.000 desaparecidos, y el escritor y periodista negacionista Juan Bautista Yofré. Con una banda sonora sombría de fondo, el gobierno de Milei, junto a su vicepresidenta Victoria Villarruel, quien también es conocida por sus posturas negacionistas, recicló los argumentos típicos de aquellos que han tratado de desacreditar los últimos 48 años de lucha por los derechos humanos.

En el material audiovisual, el Gobierno cuestionó el número de 30.000 desaparecidos, aunque la historia sostiene firmemente esta cifra, reconociéndola como una estimación que podría ser incluso mayor, dado que aún hay archivos de la dictadura que no han sido revelados. Además, se intentó minimizar el genocidio al referirse al informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) de 1984, que documentó 8.961 desapariciones, utilizado como base para el histórico Juicio a las Juntas. Sin embargo, años más tarde, se continuaron las investigaciones debido a la falta de confesiones por parte de los represores.

Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Completa. pic.twitter.com/cLuvFk5z93

— Casa Rosada (@CasaRosada) March 24, 2024

Un punto crucial en la discusión es la identificación de 762 centros clandestinos de tortura y desaparición entre 1974 y 1983, lo que sugiere que incluso con un promedio conservador de 40 personas por centro, se podría llegar fácilmente a la cifra de 30.000 desaparecidos. Es importante considerar que varios de estos centros fueron auténticos campos de concentración, albergando a miles de personas: la ESMA recibió aproximadamente 4.500 detenidos, Campo de Mayo unos 4.000, La Perla (Córdoba) cerca de 2.500, Vesubio unas 2.000 y el Club Atlético aproximadamente 1.500. Estas cifras muestran que el número de 30.000 desaparecidos no es exagerado, sino más bien conservador en su estimación.

Además, se han encontrado archivos que respaldan esta cifra, como el informe de un agente chileno en 1978 que mencionaba 22.000 muertos en los primeros dos años de la dictadura, así como cables secretos de la embajada de Estados Unidos que ofrecían información similar. Estos datos refuerzan la veracidad del número de 30.000 desaparecidos.

El Gobierno también intenta revivir la teoría de los dos demonios, equiparando la violencia de las guerrillas con la represión estatal durante la dictadura. Sin embargo, es importante recordar que solo los crímenes perpetrados por las Fuerzas Armadas durante ese período son considerados crímenes de lesa humanidad, mientras que los actos de las organizaciones armadas no entran en esta categoría y pueden prescribir con el tiempo.

La legislación argentina, en línea con el derecho internacional, establece que los crímenes de lesa humanidad no prescriben y deben ser investigados y sancionados, sin importar cuánto tiempo haya pasado desde su comisión. Por lo tanto, los intentos de equiparar ambos tipos de violencia no son válidos desde el punto de vista legal ni ético.