En el medio de la tormenta, el procurador Julio Conte Grand atraviesa días de incertidumbre, debido al proyecto de jury político que intenta tratar el Frente de Todos en la Legislatura para su destitución. En principio obtuvo el respaldo del bloque Federal de la cámara Baja, y ahora se sumó el bloque de Juntos, para defender la figura de Conte Grand, que aparece mencionado en la Gestapo gate.

Juntos sostiene que "frente a los ataques reiterados de distintos referentes del oficialismo provincial, sin sustento legal, que desde que comenzó su gestión han intentado desestabilizar y forzar la renuncia del Procurador General" llaman a "sostener la necesidad de respetar el marco institucional y los fundamentos democráticos previstos por la Constitución". Además, argumentan que Conte Grand fue elegido por todos los bloques legislativos en el Senado de la Provincia, por lo que se debería respetar su mandato.

Asimismo, en el comunicado hacen hincapié en que "la metodología del oficialismo demuestra, una vez más, que persigue fines ajenos a una sana democracia, y arremete contra las instituciones a fin de conseguir impunidad para su fuerza política", y concluye: "Por esta razón Juntos por el Cambio se compromete a no avalar con su voto el atropello institucional bajo la forma de juicio político que propone el oficialismo".

¿Que necesita el FdT para hacer efectiva la destitución de Conte Grand?

Para llevar a cabo el pedido de juicio político, el oficialismo necesita de los dos tercios de los votos en el Senado, que le permita hacer efectiva la destitución del Procurador General de la Provincia. En un momento se especuló con que el espacio del radicalismo, pueda adoptar una postura de negociación para acompañar el proyecto, ya que también fue bastante cuestionado por los correligionarios.

Sin embargo con el correr de los días, las distintas muestras de apoyo fueron cambiando el panorama, y ahora con este comunicado, cierran filas rechazando rotundamente la destitución del jefe de fiscales, que acumula un prontuario bastante repudiable. Desde su almuerzo con el ex Presidente, Mauricio Macri, pasando por su involucramiento en la mesa judicial de María Eugenia Vidal, y además, lo que se conoció en las últimas horas que fue su participación en una especie de "brigada" de armado de causas judiciales que tenía a la oficina de Asuntos Internos, del por entonces ministro de Seguridad, Cristian Ritondo como órgano de funcionamiento.

El oficialismo tiene 23 bancas propias y necesita 31 senadores para aprobar el proyecto. En ese sentido, el FdT podría apuntar a una negociación con los legisladores que responden a los intendentes radicales de la Provincia, que han mantenido una postura y actividad muy diferente a la que han expresado aquellos que pertenecen al grupo duro del PRO. Por entonces, el 18 de enero será la fecha estipulada para convocar a sesiones y tratar el proyecto sobre tablas.

Por último se prevé una citación de figuras bastante relevantes en el caso, para que se puedan acercar al Recinto y puedan ofrecer las respuestas correspondientes. En ese sentido se lo citará a Gabriel Vitale, juez de Garantías de Lomas de Zamora; Enrique Ferrari, fiscal general de Lomas de Zamora; Pablo y Hugo Moyano, referentes del gremio de Camioneros; Natalia Roussillon, directora de la Alcaidía N°3 de La Plata, donde se realizaron tareas de espionaje ilegal.

A esto se sumarán Cristina Caamaño, interventora de la AFI, que presentó la denuncia por la mesa judicial de la Gestapo antisindical; Roberto Cipriano García, secretario ejecutivo de la CPM, organismo que denunció el cableado en cárceles bonaerenses, Gustavo Ferrari, ex ministro de Justicia de la gestión de María Eugenia Vidal, Marcelo Villegas, exministro de Trabajo de Vidal; Adrián Grassi, exsubsecretario de Justicia bonaerense; Julio Garro, intendente en ejercicio de la ciudad de La Plata; Juan Sebastián De Stéfano, exdirector de Asuntos Jurídico de la AFI; y Juan Pablo Allan, senador bonaerense PRO.