Descongelamiento de alquileres y desalojos: se puso en marcha un protocolo para las familias afectadas

La vigencia del decreto de congelamiento de alquileres y prohibición de desalojos, concluirá este miércoles, por lo cual el Gobierno puso en marcha esta semana un protocolo para asistir a las familias con problemas habitacionales.

Luego de un año de congelamiento de alquileres, el 1 de abril los contratos podrán actualizarse y las familias que hayan acumulado deuda deberán acordar planes de pago de hasta 12 cuotas contemplados en la normativa o enfrentar juicios de desalojo.

Este martes por la mañana, el referente de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, expresó mediante declaraciones radiales que "la única herramienta para que las familias no queden en la calle es extender el decreto".

"Llegamos a esta situación preocupados porque hay un montón de familias que sencillamente el día de mañana no saben a dónde van a ir a vivir porque, o acumulan deuda o tienen imposibilidad de pagar nuevos alquileres o de juntar todo el dinero para entrar a un departamento nuevo; es una situación muy complicada", explicó.

Por su parte, la Federación de Inquilinos Nacional realizó este martes un "ruidazo inquilino" en distintos puntos del país "para denunciar el abuso del mercado inmobiliario por los aumentos de precios y las condiciones cada vez restrictivas para poder acceder a una vivienda en alquiler". La manifestación apuntó a "pedirle al Gobierno que extienda el decreto que suspende los desalojos para evitar una crisis habitacional, social y humanitaria en el medio de la segunda ola".

Por otra parte, esta semana se creó el "protocolo de riesgo temprano de desalojo" con el objetivo de asistir a las familias que se encuentren en situación de desalojo ante el vencimiento del decreto.

A través de la Resolución 88/2021, se instruyó la elaboración y aprobación del Protocolo Nacional de Alerta Temprana de Desalojos de Vivienda Única y Familiar en Regímenes de Alquileres Formales. Se establecerán los criterios de priorización de las personas, teniendo en consideración a las familias monoparentales, en situación de violencia de género, a las personas con discapacidad, mayores o en situación de vulnerabilidad, entre otros.