Asociaciones de consumidores apoyaron la continuidad del congelamiento de tarifas

A través de un comunicado conjunto, el Centro de de Estudios de Servicios Públicos y Medio Ambiente (CESPMA), y la Asociación Consumidores Responsables, manifestaron su apoyo a la decisión del gobierno de Alberto Fernández de mantener congeladas por 90 días las tarifas de gas y electricidad  y fortalecer el proceso de renegociación de la revisión tarifaria integral llevada adelante por el Gobierno de Mauricio Macri, "que puede durar hasta 2 años", advirtieron.

"A través del decreto 1020/20 el Poder ejecutivo ratifica la necesidad de contar con tarifas justas, razonables y asequibles, que no discriminen a usuarias y usuarios por su condición social, su localización o su inserción en el aparato productivo", indica el comunicado y agrega que "reivindica la potestad del Estado para la fijación de tarifas,  que de ninguna manera puede ser afectada por la concesión a particulares de un servicio público".

Vale recordar que incluso hay fallos judiciales que reconocen expresamente el derecho de revisión contractual y de modificaciones tarifarias por parte de los gobiernos cuando las circunstancias y urgencias sociales lo imponen.

En ese sentido el Decreto les da un papel preponderante y amplias facultades a los entes reguladores sectoriales (ENARGAS y ENRE) quienes serán los encargados de llevar adelante ese proceso de renegociación, debiendo arribar con las concesionarias y licenciatarias a acuerdos transitorios o definitivos “ad referéndum” de la aprobación Presidencial, y en caso de no arribar a un acuerdo fijarán el nuevo esquema tarifario.

También el decreto garantiza la participación ciudadana para que todas las voces desde diferentes sectores sociales y regionales expresen sus opiniones y propuestas, a través de audiencias públicas, consultas públicas o cualquier otro mecanismo participación popular.

Desde las entidades reclamaron que en el proceso de renegociación que se inicia, se profundice sobre:

1.- Determinación y revisión de las ganancias acumuladas por las empresas distribuidoras, del cumplimiento de sus planes de inversión y de las cláusulas contractuales;

2.- Establecimiento de un sistema tarifario diferencial que contemplen situaciones sociales, territoriales, productivas y climáticas de los usuarios y usuarias.

3.- Fijar estrictos índices de calidad de servicio, un adecuado y eficaz sistema de control y un régimen de multas con montos que desestimen el incumplimiento.

4.- Fortalecer y jerarquizar a los Entes Reguladores (ENARGAS y ENRE) para el adecuado y completo control de las normas regulatorias basadas en el interés público.

5.- Incorporar formas extendidas y amplias de participación ciudadana.