¿Cómo son las vinculaciones del espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri?
El juez Federico Villena allanó el lunes por la noche la vivienda del exjefe de Contrainteligencia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Diego Dalmau Pereyra, aunque las fuerzas de seguridad no hallaron al exfuncionario. Dicho operativo se realizó en el marco de la causa que investiga una presunta red de espionaje ilegal donde se secuestraron agendas, celulares, dispositivos electrónicos, pendrives, notebooks y computadoras.
En este marco, el doctor Gonzalo Escaray desasnó en su columna judicial en Radio La Plata (FM90.9) cuáles son los diferentes actores vinculados a la red de espionaje ilegal realizada durante el gobierno de Mauricio Macri donde se iniciaron diferentes causas a nivel provincial y federa a partir de las derivaciones del espionaje ilegal. En este punto adelantó que “hay un montón de cuestiones que no sabemos y que para mí, en los próximos días, saldrán a la luz un montón de cuestiones ya hay relaciones en todas las causas”.
Cabe destacar que, el abogado aclaró que “el espionaje no es ilegal, hay una ley que lo rige pero siempre que se cumpla con las pautas establecidas de la ley de inteligencia que vaya a favor de la defensa nacional. Las tareas tienen que ser autorizadas con fines de una investigación criminal o preventiva y siempre debe estar autorizada por un juez en el marco de su causa. La agencia no puede realizar tareas por fuera de lo que la ley autoriza”.
En este sentido, relató el caso que tomó mayor difusión, fue el espionaje realizado a los funcionarios políticos relacionados a la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner en el Instituto Patria donde “los propios espiado detectaron un auto sospechoso que estaría espiando a quienes ingresaban al inmueble; fue el personal de transito quien determinó que eran agentes de la AFI que se dedicaban a llevar tareas de inteligencia.
Allí los funcionarios justificaron sus operaciones argumentando que realizaban una tarea de prevención ante un eventual atentado durante la reunión del G20. Por eso se presentaron dos denuncias: una desestimada porque si es con ese fin, es válido pero se determinó que los documentos utilizados para justificar esto eran falsos.
Falsificaron documentación para justificar esa tarea de espionaje, acá actúa el Estado. Es por ello que realizaron el allanamiento a quien manejaba la AFI en ese momento quien declaró que estaban realizando tareas del G20”.
En paralelo se investiga la causa sobre funcionarios macristas tales como Horacio Rodriguez Larreta, quien se presentó como querellante y María Eugenia Vidal. “Dicha causa no está avanzando del mismo como el espionaje al instituto patria”.
Otro de los grandes escándalos es por el que salió el Colegio de Abogados de La Plata como querellante por la aparición de micrófonos en las salas donde los abogados nos reunimos con nuestros clientes en las Unidades penitenciarias de Ezeiza y Melchor Romero.
“Se presume que se estaría investigando las conversaciones del ex vicepresidente Amado Boudou con sus abogados y se prevé que Melchor Romero también fue espiado porque era el destino de detención de Moyano. Esto no implica que se hayan realizado escuchas de otros detenidos y otros abogados”.
En relación a la posibilidad de saber de antemano el destino de una persona que aún no fue detenida, el letrado comentó que “no debería ser lo normal y debería determinarse una vez que se cumple con la detención. La unidad debe ser lo más cercana al domicilio de la persona”.
Como si los capítulos de espionaje no alcanzaran, Escaray comentó que en la ciudad de La Plata también se lleva adelante otra línea de investigación. La fiscal Cecilia Corfield investiga una posible violación a la Ley de Inteligencia Nacional, en un expediente que se tramita el Juzgado de Garantías N°1 a cargo de Federico Atencio. Allí se investiga la presunta realización de tareas de espionaje e inteligencia por parte de Asuntos Internos bonaerenses, durante el gobierno de María Eugenia Vidal.
Según comentó el abogado, “se desvió la función de asuntos internos. Se lo acusa tanto al titular como a Berra y a su esposa de un abuso de autoridad, de desviar la finalidad de su repartición utilizando fondos públicos”.
Por último, esta semana, el fiscal general de Lomas de Zamora, Enrique Bernardo Ferrari, denunció al Procurador General de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, ante el magistrado Federico Villena por el presunto inicio irregular de causas para perseguir políticos, sindicalistas y funcionarios de la Justicia.
Según consta en la denuncia, el fiscal Sebastián Scalera y sus secretarios “habrían iniciado investigaciones con objeto de inclinarlas a sus intereses políticos y/o generando IPP con el fin de perseguir a políticos, sindicalistas, Magistrados y Funcionarios, (Doctrina de "Lawfare")”, a través de Unidad de Coordinación de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Fiscalía General de Lomas de Zamora.
