Espionaje ilegal en Argentina: Cómo financiar operaciones fuera del Estado
Por María Belén Bartoli (@mbbartoli)
Las noticias sobre la agobiante situación de la pandemia en el mundo y de la cuarentena en Argentina se vieron eclipsadas por un escándalo político-judicial de inteligencia: el espionaje ilegal. En las últimas semanas, desde la Agencia Federal de Investigación (AFI) realizaron denuncias relacionadas con actividades y labores propias de los agentes de inteligencia, tales como escuchas, seguimiento a personas e investigaciones de los movimientos bancarios e historiales laborales; supuestos armados de causas y operaciones psicológicas. Lo que motivó a que se realizaran denuncias en juzgados federales, es que dichas tareas carecían de los fundamentos amparados en la Ley Nacional de Inteligencia 25.520.
Pero, ¿qué es la Inteligencia Nacional? Según circunscribe su marco legal es una actividad “consistente en la obtención, reunión, sistematización y análisis de la información específica referida a los hechos, amenazas, riesgos y conflictos que afecten la seguridad exterior e interior de la Nación”. La ley también permite la contrainteligencia, es decir, otra actividad “propia del campo de la inteligencia que se realiza con el propósito de evitar actividades de inteligencia de actores que representen amenazas o riesgos para la seguridad del Estado Nacional”. Sí, el gobierno le paga a agentes para investigar potenciales eventos y personas que podrían afectar a la seguridad de un país, y a su vez financia a otros agentes que contra investigan a éstos. La desconfianza es una característica típica de un submundo en el que se sospechosa hasta de la sombra.
La AFI, hoy intervenida por Cristina Caamaño, destinó parte de sus fondos reservados durante la presidencia de Mauricio Macri para espiar a propios y ajenos. Desde la rival política que elije todos los días, Cristina Fernández de Kirchner, hasta su propia hermana, Florencia Macri. Fotos, mails, conversaciones telefónicas y videos. El ex Presidente quería saber todo de todos, lo privado y lo público, las reuniones en restaurantes y bares, y la intimidad de lo que sucedía en las cuatro paredes de cualquier habitación de poder.
Se escribieron ríos de tinta en los diarios; algunos videos publicados en twitter fueron replicados en los canales de televisión y se hicieron columnas de opinión en los programas de radio. De a poco los conceptos de “espionaje ilegal” y “el oscuro mundo de los espías”, que sólo disfrutábamos en las series y películas norteamericanas, empezaron a ser términos que se colaron en el vocabulario de una sociedad que apenas respeta el uso del barbijo.
De todas las investigaciones en curso la que más avanzó, ya que encarceló a varios agentes orgánicos y/o inorgánicos, y demostró con creces la existencia de una red paraestatal en Argentina que a través de distintas tareas de espionaje realizaba “carpetazos”, extorsiones, ablandes, “aprietes” y puestas en pánico, es la que lleva adelante el titular del Juzgado Federal N° 2 de Dolores, Alejo Ramos Padilla. El principal imputado, preso en el penal de Ezeiza y próximo a cumplir medio siglo de vida el 20 de junio, es Marcelo Sebastián D’Alessio, un personaje que se presentaba como “director de la DEA” y afirmaba trabajar codo a codo con la embajada norteamericana. Sin embargo todas las agencias estadounidenses y nacionales lo desconocieron. Nadie sabía quién era y qué hacía.
A pesar de ello, D’Alessio tenía relaciones muy estrechas con fiscales, jueces, dirigentes políticos – sobre todo de Cambiemos – y periodistas. Participaba de programas de televisión como “especialista en narcotráfico” y hacía investigaciones que casi siempre se le filtraban de la misma manera: terminaban dentro de un sobre que alguien dejaba en el despacho del Juez Federal, Claudio Bonadio o del Fiscal Federal, Carlos Stornelli. Vivía en uno de los countries más exclusivos del país y tenía vehículos que superaban las siete cifras.
Sino trabajaba para la DEA - Drug Enforcement Administration o Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos -, la CIA - Central Intelligence Agency o Agencia Central de Inteligencia, o la AFI, ¿Quién le pagaba el sueldo? ¿Quién invertía en él y en sus operaciones que demandaban la contratación de custodios, la compra de tecnología de punta, armas, nafta para los viajes, y almuerzos y reuniones en selectos lugares? Era un completo ignoto pero todos sus contactos, alguna vez, saborearon las mieles que se desprendieron de sus operaciones.
De los distintos ingresos económicos, uno de ellos quedó evidenciado y comprobado en el fallo que realizó el juez de Dolores el 18 de mayo del corriente. Le adelanto el final querido lector o lectora: era plata mal habida, ilegal, en negro, de muy dudosa procedencia o como mejor le guste describir la acción de recibir cientos de miles de pesos, dólares y euros que omitieron todos o casi todos los controles legales que puedan existir.
EL GRUPO BUENOS AIRES
El 20 de marzo de 2018, el comisario retirado Ricardo Oscar Bogoliuk, actualmente procesado con prisión preventiva por asociación ilícita y extorsión, creó el grupo de whatsapp “Buenos Aires” que integraron Marcelo González Carthy de Gorriti, Marcelo Sebastián D’Alessio y Pablo Leonardo Bloise, los últimos dos procesados por asociación ilícita y en prisión desde el año pasado. El objetivo del grupo, que tenía una foto del obelisco de perfil, era “armar esquemas financieros en miras de lograr la colocación de fondos de origen ilícito en cuentas offshore”.
El sistema no era fácil pero, si de una operación de 500 millones de euros “Buenos Aires” se quedaba con un modesto 4% (unos €20 millones ó 1560 millones de pesos al cambio actual), la motivación y ganas sobraban. Bajo la “sensación de verdad” y buscando “dar una apariencia de realidad”, el grupo operaba y realizaba operaciones económicas millonarias. Cada uno de los actores cumplía un rol específico que tenía como premisa lograr que, a través de distintas “pantallas legales” se pudiera ingresar dinero al sistema bancario.
Los miembros de “Buenos Aires” habían fundado una paymaster, esto es una empresa que gestionaba cobros en nombre de terceras personas y cuyos nombres no eran requeridos en la documentación de su creación, llamada Goldmax Development Limited. Bloise y D’Alessio tenían contactos con personas y oficiales bancarios que le facilitaban la estructura para el lavado; mientras que Gorriti conocía gente que necesitaba ingresar millones de euros y dólares al sistema.
El fallo del 18 de mayo exhibió el comportamiento y accionar de los miembros, quienes daban cuenta de las operaciones que ejecutaban con agentes bancarios, y las triangulaciones que realizaban entre empresas “receivers” (receptoras) y operadores “senders”, que eran las personas que enviaban el dinero. A través de distintos circuitos la plata no declarada ingresaba al sistema por un canal y, luego de las deducciones propias de las comisiones, terminaba legalizado en la cuenta de la misma persona que había peticionado el hecho.
En todo el periodo que funcionó el grupo, ninguno detalló la identidad de sus clientes, demostrando tener conocimiento de estar realizando tareas espurias. Amén de ello, en la operación investigada por Ramos Padilla se comprobó que el intento por lavar unos €500 millones fue a pedido de Aldo Eduardo Sánchez y Aleko Rogachevski. Participaron empresas y operadores radicados en Suecia, Turquía y en las paradisíacas Islas Comoras en el sudoeste del océano Índico. La empresa que lograría blanquear y quedarse con el 75% del dinero se llamaba HS Global Company Limited, en tanto que el 25% restante se perdería en el camino en concepto de comisiones a los distintos intervinientes.
La investigación que realizó el Juez desde Dolores le llevó no menos de seis meses y un sinfín de pesquisas. Dictaminó la detención y el llamado a indagatoria para Aldo Eduardo Sánchez y Marcelo González Carthy de Gorriti. También solicitó a INTERPOL que difunda y publique alertas rojas de los dos mencionados, y exigió la intervención de la Dirección Nacional de Asesoramiento Económico y Financiero de la Procuración para continuar con la investigación.
De esta forma queda evidenciado que, el espionaje ilegal en Argentina encuentra gran parte de su financiamiento en operaciones naturales y coherentes a su esencia, es decir, a través de delitos bancarios. Algunos dirigentes políticos afirman que soplan vientos de cambio en este tópico lo que dejarían entrever un futuro debate para modificar la Ley de Inteligencia y repensar el funcionamiento de la AFI. Otros señalan que la vida es como un restaurante....nadie se va sin pagar.
