El Secretario de Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO), Roberto Daoud analizó las medidas del gobierno de Cambiemos y la suba en las tarifas que se preparan a partir de febrero 2017. «Estamos preocupados porque es una realidad que va creciendo y vemos que no tiene una finalidad concreta en cuanto a para qué semejante aumento, más que para capitalizar a las empresas, ni  hasta cuándo vamos a tener este sinceramiento de tarifas», sostuvo.

En ese sentido, para Daoud el discurso del sinceramiento fue aceptado por la población, aunque «las empresas estaban subsidiadas y no había una pérdida en el ingreso que tenían».  Mientras que la promesa de «mejoramiento del servicio o la regularizar a los usuarios que estaban excluidos porque están con una medición comunitaria, o colgados directamente, esa respuesta no está».

En ese sentido, es que para el Secretario de Defensa de Usuarios y Consumidores el aumento avanza sin respuesta a las problemáticas de los vecinos «hay un aumento del 100, 200, 300 por ciento y el servicio que sostenemos es el mismo». Además afirmó que «tener luz, agua, gas son derechos reconocidos por la Constitución y por tratados internacionales» y agregó «si hay ciudadanos que no tienen estos derechos alguien se los tiene que garantizar, y eso puede ser subsidiando esa parte,» es decir que para Daoud es «necesario el acompañamiento del Estado».

«Las empresas que han tenido una gran cantidad de ganancias en estos años son las primeras que tienen que dar un paso en cuanto a la inversión», dijo y agregó «hay que obligar a las empresas a que si quieren cobrar más tarifas tienen que invertir». En ese sentido para el defensor de consumidores, hay un retroceso en la protección de los derechos de los usuarios porque «como nunca en los últimos quince años hemos tenido que recurrir a distintas vías judiciales para frenar un aumento desmedido», contó.

Para finalizar alertó que ya se discutió en Audiencias Públicas los aumentos progresivos, que ahora deberán ser controlados para verificar si cumplen con lo acordado, «como Asociación de Consumidores siempre pensamos que el Estado tiene que intervenir para que se equipare la relación jurídica entre consumidor y empresa, cuando eso no ocurre obviamente estamos desprotegidos».