Por el perjuicio que le causó a la provincia los operativos desplegados, las familias de jóvenes que realizaron llamadas intimidantes tendrían que realizar un resarcimiento económico.

La justicia penal de La Plata remitió unas 60 causas a la Fiscalía de Estado bonaerense para comenzar demandas civiles a quienes realizaron amenazas de bomba telefónicas a escuelas públicas de La Plata, Berisso y Ensenada en el último año.

La decisión la tomó el titular de la UFI Nº 16 fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, que en 2018 estuvo a cargo de numerosas causas de este tipo en el Departamento Judicial de La Plata y envió los expedientes para que, cuando haya condenas penales, puedan iniciarse las demandas civiles. El objetivo es que los tutores de los autores de las llamadas intimidantes retribuyan al Estado bonaerense con su patrimonio.

En esa línea, desde la fiscalía argumentaron que el Estado fue perjudicado producto del excesivo costo que generan los operativos de desalojo de alumnos y docentes más el despliegue policial y de personal antiexplosivos para revisar los establecimientos educativos.

Además, la retribución debería darse –sostienen fuentes judiciales- por los días de clase perdidos y los salarios docentes abonados por un servicio que no se brindó. Por esas razones, “se deben iniciar acciones civiles y patrimoniales a los padres de los responsables”, arguyeron.

“Se allanaron las casas donde vivían quienes hicieron las amenazas, se secuestraron sus celulares en forma definitiva y, en los casos en que eran mayores, se los detuvo. A los menores de edad, se los procesó y se envió las causas al Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil”, indicaron.

Según estimaciones de los ministerios de Seguridad y Educación, los equipos técnicos de la Fiscalía de Estado concluyeron en que los operativos de desalojo, prevención y clases suspendidas demandaron a la provincia de Buenos Aires un costo de $60.000. Sin embargo, en establecimientos más grandes como el Normal Nº 1, “sólo de sueldos se perdieron tres millones de pesos”, por lo que las demandas judiciales a familiares de amenazantes de bombas oscilarán en esos montos.