El informe realizado por los contadores de la Corte Suprema, que se incorporó al juicio oral por la presunta defraudación de la petrolera Oil Combustibles, cuestionó la acusación de la AFIP contra el ex titular del organismo recaudador Ricardo Echegaray y los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa.

El estudio demuestra el reclamo de deuda por el Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) no fue de $8.000 millones y que para diciembre 2015 estaban todos los planes regularizados y con cuotas al día.

En ese escenario, señalaron que el monto refinanciado en planes especiales era de $2.200 millones de los cuales $1.600 se pagaron.

Además, los especialistas, resaltaron que una serie de disposiciones del administrador federal Alberto Abad, ejecutados apenas asumió Cambiemos, generaron la caída de los planes de pago y ocasionaron que la deuda se tornara de imposible cumplimiento.

Tras brindar estos detalles, el Tribunal Oral Federal N°3 ordenó la incorporación de la pericia como prueba al juicio días antes de la feria. 

Motivo por el cual, los expertos de la Corte, el Ministerio Público Fiscal, de la querella de AFIP, además de los representantes de la defensa, entregaron el informe el 17 de julio pasado.

Puntos centrales del documento

El informe detalla que “en el período que va desde el inicio de actividades de Oil Combustibles hasta el día en el que ésta presentara su concurso preventivo, se abonaron por todo concepto $7.175.646.906,18”.

Lo que pone en discusión una de las principales hipótesis de la investigación que fue que la empresa jamás había abonado el ITC -a excepción de sólo 7 meses- y que con esos montos había financiado el conglomerado empresario del Grupo Indalo.

En otra instancia, el documento indica que en los Planes por el denominado Artículo 32, se pagaron más de $5.333 millones de capital más $1841 millones de intereses por financiación.

Para los expertos, las resoluciones de Abad hicieron caer los planes de pago vigentes hasta fines de 2015, generando la acumulación de una deuda que se volvió inmediatamente exigible al punto de generar la quiebra de la empresa.