El diputado Ricardo Lissalde presentó un proyecto de ley para establecer criterios de inhabilidad a quienes se postulen a cargos públicos y partidarios. Será para condenados por tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública o demás casos de corrupción.

El legislador de la séptima sección electoral se refirió al espíritu de la propuesta: “Tenemos como convicción una reforma electoral que tome las buenas prácticas y las experiencias de otras jurisdicciones provinciales y de Latinoamérica”.

En esa línea, el diputado resaltó la necesidad de “modernizar el sistema electoral, sobre todo, en aspectos que permitan tener como centro la reconciliación entre el elegido y el elector”.

Las limitaciones que propone Lissalde son para directivos de empresas concesionarias de servicios y obras públicas estatales y de compañías que exploten juegos de azar. También alcanza a magistrados y funcionarios permanentes del Poder Judicial nacional, provincial y tribunales de falta municipales.

Además, el proyecto legislativo restringe al personal de las Fuerzas Armadas y de otras fuerzas de seguridad, que haya sido llamado a prestar servicios, se encuentre en actividad o retirado. Asimismo, alcanza a personas procesadas por genocidio, crímenes de lesa humanidad o de guerra, hechos de represión ilegal, violaciones de DDHH y apropiación de niños.