La Justicia ordenó hoy que una obra social suministre marihuana medicinal a un niño de un año y medio con síndrome de West, una encefalopatía epiléptica que provoca retardo en el desarrollo psicomotor. De este modo, el magistrado Adolfo Gabino Ziulu, a cargo del Juzgado Federal 2 de La Plata, hizo lugar a una medida cautelar solicitada por los padres de niño de un año y siete meses que padece ese síndrome.

La decisión fue tomada para que la obra social demandada, perteneciente a empleados petroleros, arbitre los medios para suministrar cobertura integral al niño con el medicamento Charlotte’s Web Hemp Extract Oil, cuyo principio activo es Cannabidol, en jarabe de presentación de 100ml en la cantidad requerida por el médico tratante.

El juez aclaró que esta disposición se toma «sin perjuicio del estricto cumplimiento de todos los trámites previstos por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) para la importación de sustancias compasivas».

La medida fue admitida teniendo en consideración la particular circunstancia del delicado estado de salud del niño y que sufre, según refieren sus padres, alrededor de 620 espasmos por día.

«La salud se vincula, en un sentido positivo, con el estado en que la persona puede ejercer con normalidad todas sus funciones naturales, sean estas físicas o mentales. El derecho a la salud -mencionado expresamente por el constituyente reformador de 1994 en el artículo 42 de la Constitución Nacional- constituye una derivación del derecho a la vida y del derecho a la integridad personal, con los cuales está íntimamente imbricado», sostuvo el fallo.

«La utilización en un paciente determinado del uso terapéutico de los cannabinoides y sus compuestos debe depender exclusivamente del criterio médico que -como con cualquier otro fármaco- es una decisión derivada de la ciencia médica que no corresponde que este judicante revise en tal carácter», dijo.

Finalmente, el Juez sostuvo que «la manifiesta urgencia que demanda la necesidad para el accionante de disponer del fármaco indicado por los profesionales médicos tratantes constituye suficiente fundamento para tener por acreditado el peligro en la demora».