La jueza federal Romilda María Servini de Cubría ordenó al municipio de Pilar que se abstenga de disponer de fondos de la Tesorería para un “subsidio extraordinario por situación de desempleo”, creado por el Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación. El fallo se da en medio de denuncias de compra de votos en otros distritos como Roque Pérez, San Antonio de Areco, Malvinas Argentinas y La Plata.

La magistrada hizo lugar a la denuncia del apoderado del Frente de Todos, Guido Bordachar, quien aseguró en la presentación que los ofrecimientos de los subsidios del Ministerio, canalizados mediante los municipios, se ofrecían “a cambio de seguir a (Nicolás) Ducoté o directamente a cambio de votar por el actual intendente”.

Según la agencia Télam, el cuestionamiento es a la decisión de la gestión Ducoté de crear por decreto cinco programas sociales, con asignaciones de entre 3 y 5 mil pesos para desempleados, discapacitados, adultos mayores y otros grupos económicamente vulnerables. Esta medida también se replicó en Roque Pérez, donde el concejal y candidato a intendente Juan María Cravero dispuso un monto de $5.000 para los vecinos, con unos pocos requisitos para ser beneficiario.

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Justamente, para acceder al subsidio, la resolución del Ministerio proponía como requisito encontrarse en situación de desempleo, no estar registrados como empleadores, no cobrar prestaciones previsionales ni prestaciones contributivas por desempleo, ni prestaciones dinerarias derivadas de la participación en acciones o programas o planes de empleo. El propio intendente de Roque Pérez, Juan Carlos Gasparini, expresó su indignación con este portal porque “los que venían a cambiar la política no cambiaron nada”.

La decisión de la jueza es a 18 días de las elecciones

A priori, el fallo de Servini de Cubría alcanza solo al distrito de Pilar, aunque puede sentar jurisprudencia en San Antonio de Areco, Roque Pérez, Malvinas Argentinas y en La Plata, donde existen denuncias de este tipo. Para la jueza, los “planes de asistencia” tienen el “presunto objeto de condicionar a los electores del partido, a través de ayuda social legalmente dispuesta, toda vez que esta se otorgaría a cambio del apoyo al actual gobierno comunal”.

En esa línea, como reporta el sitio Pilar a Diario, la decisión es “a los efectos de garantizar una mayor certidumbre a la totalidad de las agrupaciones que compitan en las elecciones (…) y con el fin de evitar cualquier situación que pudiera atentar contra el derecho a elegir libremente”.