En una decisión unánime, el máximo tribunal ordenó a los jueces a disponer “criterio restrictivo” a la intervención de llamadas.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación instó este miércoles a los jueces federales a disponer escuchas telefónicas “con criterio restrictivo” y de forma fundada. También exhortó a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia a certificar que la Agencia Federal de Investigaciones “no realiza tareas de investigación criminal ajenas a las expresamente solicitadas”.

La firma de los cinco miembros del máximo tribunal expresó su preocupación por “los acontecimientos de público conocimiento vinculados a la difusión pública de la captación de comunicaciones” y ordenaron a los jueces que las escuchas se realicen “para contribuir al esclarecimiento de delitos y con el objetivo final de afianzar la justicia”.

En esa línea, destacaron también que la interceptación de comunicaciones es una medida judicial “de investigación excepcional” y que será ordenada con “criterio restrictivo, atendiendo de forma especial a su razonabilidad para el esclarecimiento y resolución del delito”.

“La orden judicial será fundada y no podrá ser otorgada con base en términos genéricos. No podrá estar destinada a obtener información indeterminada en pos de una necesidad genérica y abstracta de prevenir o descubrir delitos”, fundamentaron.

En rigor, también destacaron que “la interceptación de las comunicaciones entre un imputado y su abogado defensor constituye una grave violación a la garantía constitucional de defensa en juicio. Sin la garantía de la defensa en juicio, toda la población ve comprometida la vigencia del estado constitucional de derecho”.

En paralelo, los jueces le solicitaron a la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia que “certifique que la Agencia Federal de Inteligencia no realiza tareas de investigación criminal ajenas a las expresa y específicamente solicitadas como requerimiento de asistencia por los magistrados judiciales”.

Además, le requirió al Consejo de la Magistratura que formule un diagnóstico exhaustivo sobre el grado de aplicación de esos “criterios restrictivos” en materia de interceptación de comunicaciones en el marco de las investigaciones penales.