El fiscal de Dolores que instruye la investigación por espionaje ilegal y extorsiones, Juan Pablo Curi, pidió el apartamiento del juez Alejo Ramos Padilla y solicitó que la investigación se mude al fuero porteño de la Justicia federal. Se trata de la causa en la que el falso abogado Marcelo D’Alessio está multiprocesado y el fiscal federal Carlos Stornelli en rebeldía hace más de 100 días.

En un extenso fallo de más de 70 fojas, Curi sintetizó los argumentos de la incompetencia del juzgado federal de Dolores, ya que sostiene que el grueso de los hechos tuvo lugar en la Capital Federal. “Ha quedado ampliamente demostrado el lugar de constitución y en dónde operaba principalmente la asociación ilícita pesquisada”, desliza.

En esa línea, el dictamen asegura que “puede advertirse con facilidad que de los 28 supuestos referenciados, al menos 22 tuvieron epicentro en la ciudad de Buenos Aires, los seis restantes tienen algún punto de contacto con ese territorio mientras que ninguno de esos 28 hechos ocurrió dentro de la jurisdicción del juzgado federal de Dolores, más allá del encuentro puntual entre D’Alessio y el fiscal Carlos Stornelli ocurrido en Pinamar, con lo cual ninguna duda podría abrigarse respecto al ámbito espacial primordial en dónde operaba la empresa criminal que nos ocupa”.

Entre los argumentos da por sentado que el falso abogado residía en Canning, que el fiscal Juan Ignacio Bidone se desempeñaba como fiscal provincial de Mercedes y que algunas tareas de recolección de información se llevaron a cabo en las ciudades de Necochea y Rosario. No obstante, argumentó: “aquellas situaciones no dejan de ser ínfimas (en un sentido cuantitativo) en contraposición con todas las otras ocurridas en el ámbito porteño”.

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En rigor, sostiene que “en aquellos supuestos en donde las maniobras deben profundizarse a través de la recolección de prueba y a través de requerimientos internacionales, todo se debe canalizar mediante reparticiones situadas en Capital Federal”. “Los medios de difusión y periodistas de los que se habría valido la asociación ilícita como ‘vínculo comunicante necesario’ para las operaciones que requerían la publicidad mediática también se radican o ejercen actividades en CABA”, aseguró en relación al rol que cumple el periodista Daniel Santoro.

Vale recordar que la causa se inició por una tentativa de extorsión de parte de D’Alessio al empresario rural Pedro Etchebest en Pinamar. La denuncia de éste reveló una extensa y organizada red de inteligencia paraestatal que se organizaba para espiar a políticos, periodistas y que utilizaba la información obtenida con fines supuestamente delictivos.