El ejecutivo nacional instauró una serie de medidas con la que reforzaran la eficiencia y transparencia de las obras públicas en curso. La norma, establecida mediante el Decreto 1169/2018, publicado en el Boletín Oficial, dicta que “necesario continuar fortaleciendo el sistema de contrataciones y ejecución de obras públicas y atenuando el riesgo de que haya una mala administración, sobrecostos y corrupción”.

En el texto se indica que la Oficina Nacional de Contrataciones será la encargada de regular las contrataciones como órgano rector. La institución depende de la Secretaria de Gobierno de Modernización y tendrá como prioridad mantener actualizada la plataforma Contrat.ar, en la que se registrará el seguimiento todas las obras públicas. Además, las obras que se iniciaron antes del 29 de diciembre de 2016 tendrán hasta el 1 de septiembre de 2019 para subir sus datos en el sistema de gestión electrónico.

El texto resalta que el sistema de obras públicas es uno de los más expuestos en materia de fraude y corrupción, pues representa entre un 13% al 20% del PBI, según estimaciones de OCDE, y que el coste económicos de la corrupción equivale de un 20% al 25% del contrato, lo que conlleva a “impactos institucionales y macroeconómicos sustanciales”.

Además, se señaló que el plazo que tiene la Oficina Nacional de Contrataciones para actualizar Contrat.ar, que no debe ser mayor a 180 días. La información se tiene que presentar “en forma completa y con el mayor nivel de desagregación posible”.

En este sentido, se ratificó que los oferentes que hayan tenido una sanción tres años anteriores a su dictamen, estarán inhabilitados para presentarse a licitación.

Asimismo, se pautó que el órgano rector “invitará a formular propuestas, recomendaciones y/o comentarios a los Ministerios, reparticiones y entes de la Administración Pública, que estime corresponder, a organizaciones de la sociedad civil, al sector privado y a expertos con reconocida trayectoria y prestigio en materia de gobernanza, integridad, transparencia, anticorrupción y/o eficiencia en contrataciones públicas”.