Silvina Romero es una vecina de Villa La Florida en San Francisco Solano y desde hace 5 años que tiene que lidiar con un grupo de «transas» instalados en la inmediaciones de su domicilio y por denunciarlos hoy sufre ataques permanentes en su domicilio de calle 877 y el abandono de la justicia, que archiva sistemáticamente todas las denuncias a pesar de las pruebas contundentes que presentó en cada caso.

El caso se hizo famoso cuando atendiendo otras denuncias, la Fiscalía  libro una orden de allanamiento para dos domicilios, ubicados 819 entre 880 y 878 y 880 entre 821 y 822, es decir a escasas cuadras de la casa de la denunciante, en lo que se conoció como la causa de los narcopolicías de Quilmes Solano.

Romero aseguró que ya hizo múltiples denuncias que fueron desestimadas y/o archivadas en la UFI n° 20 de Quilmes, en donde además algunos empleados «me tratan de loca, a pesar de que algunas de esas denuncias son por amenazas porque la piba que vende drogas, que se llama Alejandra Machado vino y gatilló en mi casa tres veces y a pesar de que las marcas de los disparon todavía están, la polícía científica nunca se presentó para hacer las pesquizas».

«El fiscal Alejandro Ruggeri, archiva las causas», denunció la víctima y recordó que hace un tiempo consiguió que el Juez de Garantíaz de Quilmes, Marcelo Goldberg, le otorgara una medida perimetral para que Machado deba mantener distancia a pesar de lo cual «esta mina la viola y viene a mi casa y hasta me golpeó en presencia de un policía que no hizo absolutamente nada, por lo que me tuvo que defender mi suegra, una mujer mayor, de 75 años».

El calvario que relata Romero pareció que iba a terminarse cuando en frente de su casa se mudó Gustavo Enrique Mansilla que se presentó como policía y ex jefe de la división antinarcóticos de la Matanza, prometiéndole sacar a los narcos del barrio a cambio de una suma de dinero porque «tenía que trabajar con los policías de la (comisaría) Cuarta».

De esta manera, el presunto efectivo de la bonaerense obtuvo 20 mil pesos, pero lejos de tomar intervención para eliminar el problema, Romero cuenta como empezó a ser regular verlo junto a los «transas» que vivían al lado de su casa, por lo que por cuenta propia realizó algunas averiguaciones y se enteró de que Mansilla había sido exonerado de la fuerza y estuvo detenido por dos años, y actualmente goza de libertad condicional a pesar de lo cual se sique presentando como policía y exibe una placa.

Pero además la investigación de esta vecina de Solana, logró determinar que la esposa del ex policía, María Florencia Juarez Palumbo, integrante de la policía local de Florencia Varela, también había echada de la fuerza, información que pudo ser corroborada por fuentes de la Auditoría General de Asuntos Internos, lo que además refuerza los dichos de Romero acerca de que el ministro de Seguridad Cristian Ritondo y el Jefe de la Policía Fabian Perroni estaban al tanto de los hechos.

«Lleve toda la información a Asuntos Internos, fotos y videos que mostraban como la mujer de Mansilla actua conjuntamente con los que venden drogas al lado de mi casa y la desafectaron de la fuerza. En Asuntos Internos me trataron re bien y actuaron enseguida, por lo que Ritondo debía estar al tanto», consideró la damnificada.

Pero además contó que el titular de la bonaerense, si tomó contacto con ella a través del whatsapp, respondiendo sus primeros mensajes, pero «después me bloqueó, justo cuando Mansilla me hace una denuncia falsa diciendo que era yo la que vendía drogas, presentando testigos falsos, que aunque fue desestimada, estiró cualquier tipo de respuesta».

En el momento mas tenso del relato, Romero recuerda que en un intento desesperado por congrasiarse con Mansilla y antes de descubrir que ya no era policía «mi marido lo llevo en el auto porque él le dijo que tenía que hacerle un favor a al principal Eduardo Alzamendi, sacando unas fotos antes de un operativo, pero lo que hizo fue llevar a mi marido como chofer para buscar las drogas».

A partir del allí la situaciones de violencia se convirtieron en algo cotidiano, las amenazas en la calle, en la vereda y hasta en la entrada de la casa de la víctima son moneda corriente y a pesar d elas mas de 30 denuncias con fotos, videos y nombres de testigos que se han presentado en la fiscalía en los últimos meses, el resultado siempre es el archivo de las actuaciones.

El último episodio encontró a Mansilla apuntándole con un arma al hijo de Romero, cuando ambos salían de su domicilio y el grito de «te voy a dar donde mas te duele», por lo que «tuve que usar mi cuerpo para proteger a mi hijo, aunque por suerte no disparó, lo vieron todos los vecinos, hicimos la denuncia pero el fiscal nos dice uqe no consigue las pruebas».

Casi como si se tratara de una ironía del destino, la última notificación desestimando una denuncia llegó al domicilio de la denunciante mientras se hacía una entrevista para esta nota, por lo que Romero dijo que la situación a esta altura es «desesperante, todos en mi familia estamos con miedo y recurrimos a la prensa porque ya no sabemos que hacer, nos abandonaron, nadie nos da respuestas».