La Oficina Anticorrupción (OA) radicó una denuncia penal contra la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el ex jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ex funcionario del gabinete de Seguridad, Gerardo Milman, por encontrar supuestos direccionamientos en la compra de un sistema de seguridad para pasos fronterizos.
El hecho fue realizado en el año 2016, en donde encontraron una licitación irregular en la que el Gobierno de Juntos por el Cambio (JxC) habría optado por la opción más costosa en perjuicio de las arcas estatales por 5 millones de dólares, entre otras irregularidades.
“No quedan dudas respecto de la voluntad de la entonces Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y del Secretario de Coordinación Planeamiento y Formación de dicho Ministerio, Alberto Fernando Föhrig, de favorecer a las firmas ganadoras en perjuicio de la administración pública” indica la denuncia presentada por la OA.
La maniobra de irregularidad consistió en direccionar la compra de sistemas de seguridad para pasos fronterizos a una empresa a la que Cambiemos le pagó 35 millones de dólares, 5 millones más de lo que ofrecían las demás competidoras en la licitación, beneficiando al consorcio IAI-ELTA/Rafael Ltd.
“Las conductas concretadas por Marcos Peña, Patricia Bullrich, Gerardo Milman y Fernando Alberto Föhrig, en tanto, implicaron la adquisición y capacitación para utilizar aeronaves no aptas para volar en nuestro país al momento de su compra, quedarían encuadradas en los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”, ampliaron en la denuncia presentada por el Organismo.
Asimismo, advirtieron que en esa operación, el Estado le pagó a la empresa ganadora de la licitación el impuesto a las ganancias por 600 mil dólares a través de un ente cooperador. E indicaron que se adquirió “un sistema `enlatado` sin previsión alguna de su adaptabilidad a la realidad y a la normativa vigente en el país, por razones ajenas al interés público y en perjuicio del patrimonio estatal”.
