Según empleados del Ministerio de Infraestructura, las inspecciones de las obras de dragado en la cuenca del río fueron privatizadas por orden del Banco Mundial.

Los trabajadores nucleados en AEMOPBA (Asociación de Empleados del Ministerio de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires) denunciaron públicamente que el Gobierno bonaerense tercerizó la inspección de obras hidráulicas en la cuenca del río Salado por orden del Banco Mundial. Según el gremio, es a un precio considerablemente superior por el que lo haría el Ministerio de Infraestructura (ex Obras Públicas).

Según la denuncia de los trabajadores, se enmarca en una nueva maniobra para vaciar de atributos al Ministerio y facilitar negociados a los contratistas del Estado, ayudado, además, por la Emergencia en Infraestructura decretada por la gobernadora Vidal este miércoles.

En rigor, la secretaria general de AEMOPBA, Adriana Pizarro, le detalló a CódigoBAIRES que la tarea original era de la Dirección Provincial de Obra Hidráulica, pero que la provincia le quitó esa potestad a los empleados de la dependencia y se la cedió a una empresa privada por orden del Banco Mundial, que realizó un préstamo de 30 millones de dólares para la obra.

“La gestión de Vidal logró imponer el pedido del Banco Mundial para que intervenga una consultora, entonces los trabajadores solo supervisan y la certificación de la obra la hace una empresa privada. Esto es grave y en el marco del desguace del Ministerio”, contó Pizarro.

El desmantelamiento de las potestades del Ministerio, según la secretaria general, también tiene que ver con el traslado de dependencias de Infraestructura a otras áreas del Gobierno, como Geodesia, la Subsecretaría de Ordenamiento Urbano y Territorial y la Subsecretaría de Tierras.

En rigor de su relato y del paro convocado por Hugo Moyano para el 30 de abril, Pizarro confirmó que los empleados del Ministerio de Infraestructura adherirán a la medida de fuerza para reclamar por la reapertura de la paritaria y la contratación formal de los que trabajan bajo el régimen de monotributo. “De 1.500 empleados, 500 son monotributistas, entonces tienen menos derechos y les dan tareas que no corresponden. Tiene que haber un cambio de política”, destacó la gremialista.