La Comisión Provincial por la Memoria salió en rechazo de la medida que impone la ministra de Seguridad. “Las políticas de mano dura impulsadas por el gobierno nacional y provincial provocaron la mayor crisis” ya que “son de escaso impacto en la lucha contra el delito”.

A falta de discusiones sobre las medidas económicas, o del cierre de las escuelas y centros de formación profesional, el gobierno nacional impulsa el tema de la seguridad: pistolas taser, deportación de extranjeros y la baja edad de imputabilidad; este último será tratado en el Congreso Nacional en las sesiones extraordinarias de febrero.

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En tanto, desde la Comisión Provincial por la Memoria expresaron su preocupación y rechazo por los anuncios del gobierno “que profundizan políticas de seguridad  orientadas hacia un mayor endurecimiento de la persecución penal como único recurso para garantizar la vida y la integridad de las personas”.

Y es que para la CPM, con un panorama de ajuste de las políticas sociales en general, “se siguen acrecentando los gastos en seguridad incorporando nuevas armas, como las pistolas Taser”.

Además, el nuevo intento de bajar la edad de imputabilidad o punibilidad de los niños, niñas y adolescentes, que impulsan los ministerios de seguridad y justicia a nivel nacional “va en la misma dirección, teniendo como contrapartida el cercenamiento de la financiación de las políticas de niñez expresadas en el presupuesto nacional 2019”.

La CPM advierte que es falso afirmar que los jóvenes que cometieron un delito, están en libertad. En la provincia de Buenos Aires, de los 680 jóvenes detenidos en centros cerrados o cárceles para jóvenes, entre un 10 y un 12 % son menores de 16 años imputados por homicidios, delitos sexuales o robos con armas.

De esta manera, “la medida no tiene ningún fundamento cómo política de seguridad porque, a pesar del estigma social que recae sobre los jóvenes pobres, su incidencia en la comisión de delitos es mínima”. Los datos corroboran que la incidencia del delito en menores de 16 años llega apenas a un 3 % del total; “el porcentaje ínfimo”, sostienen.

La CPM segura que la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich “elige este camino represivo en lugar de la contención e inclusión de los jóvenes vulnerables”. Además comentan que hay una disminución de los presupuestos para la protección y promoción de derechos de la niñez”.

“La profundización de esta orientación manodurista es pura demagogia punitiva, de claro tinte electoralista”. “No es saludable para la democracia intentar ganar elecciones apelando a imaginarios sociales racistas, clasistas y que segregan, presentando al otro diferente como el enemigo social que se debe controlar, reprimir, expulsar, encerrar y torturar. Incluso matar”.

“Es imperioso insistir en que los problemas sociales ocasionados por la desigualdad no se resuelven con el sistema penal”, finalizaron.