Más del 31% de los jóvenes, de entre 13 y 18 años, que resultaron denunciados o imputados por algún hecho delictivo, no están escolarizados, según datos del 2018 de la Corte Suprema de Justicia. Peor aún: uno de cada 10 ni siquiera terminó la primaria y se registran casos de niños, niñas y adolescentes (NNyA) que nunca aprendieron a leer ni a escribir, señaló el defensor adjunto de la provincia de Buenos Aires, Walter Martello.

Los registros del Poder Judicial de 2017 indican que no se utilizaron eufemismos al cargar datos sobre nivel de instrucción de cuatro jóvenes –dos de ellos en situación de calle- imputados por robo: “Nunca asistieron a la escuela”.

Según la Observación General N° 24 del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, dada a conocer hace pocos días, el Estado argentino tiene serios desafíos por delante. El organismo internacional pidió no avanzar en medidas punitivistas –como la baja de la edad de imputabilidad- y exhortó a ampliar los mecanismos de “desvío” de NNyA de forma tal de poder alejarlos de los procesos vinculados a la burocracia judicial y enviarlos hacia programas efectivos. Además, el organismo internacional pidió extender el uso de medidas no privativas de la libertad para garantizar que la detención sea una medida de último recurso.

En el día del Día Nacional de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Martello recordó que en 1990 el Congreso sancionó la ley para que Argentina adhiera a la Convención sobre los Derechos del Niño y recordó los compromisos del Estado.

“¿Qué significó, en la praxis concreta, la ley nacional a la que se le asignó el número 23.849? Nada menos que el compromiso del Estado de garantizar los derechos de la Convención en todo el territorio nacional, compromiso que se profundizó a partir de la incorporación de la CDN a la Constitución Nacional, a través del artículo 75°, tras la reforma de 1994”, explicó el defensor adjunto.

En paralelo, Martello deslizó que “en lo que se refiere al reconocimiento de derechos a los NNyA, nuestro país se encuentra a la vanguardia en materia legislativa. Podemos jactarnos de tener leyes de avanzada, similares a las que rigen en las naciones más desarrolladas del planeta”.

Y agregó: “Lamentablemente, no ocurre lo mismo respecto al cumplimiento de los compromisos internacionales que asumió el Estado argentino cuando adhirió y ratificó la Convención, y cuando el poder legislativo sancionó normativas específicas que diagramaron el Sistema de Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños a nivel nacional y provincial”.