alak julio
El ministro de Justicia, Julio Alak, ratificó que la ley contra el lavado de dinero apunta a “adecuar” la legislación argentina a los estándares internacionales y reiteró que la calificación de terrorismo “no debe generar temor” en las organizaciones sociales.

Alak defendió de esta forma los proyectos de ley enviados por el Poder Ejecutivo que se enmarcan en la lucha contra el lavado del dinero y la financiación del terrorismo en un encuentro organizado por la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, que ya le dio dictamen por lo que la iniciativa ya se encuentra en condiciones de ser tratado en el recinto.

“Hemos sido sumamente prudentes” al momento de elaborar los proyectos, explicó Alak, para luego enfatizar que “está muy claro que no deben ser criminalizadas las protestas sociales”, con lo que buscó despejar las dudas expresadas por organizaciones sociales sobre la iniciativa en lo referido a la penalización de supuestos actos de terrorismo.

Alak expuso hoy ante los legisladores que integran la comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, que preside el senador Pedro Guastavino (FPV) y que integran, entre otros, Miguel Angel Pichetto (FVP), Daniel Filmus (FPV) y Luis Naidenoff (UCR).

Al término del encuentro, se pasaron a la firma los tres proyectos impulsados por el oficialismo, los que obtuvieron el aval necesario para ser tratados en el recinto y ser convertidos en ley debido a que ya cuenta con media sanción de Diputados.

Además de los proyectos relacionados con el lavado de dinero, también obtuvo dictamente otro destinado a instrumentar una reforma en el régimen Penal Tributario, de manera de endurecer las penas contra los evasores y actualizar los montos a partir de los cuáles se considera como delito a la evasión.

Las otras iniciativas incorporan penas por delitos económicos y financieros y agravan la punibilidad de ilícitos cometidos en materia de lavado de dinero y de financiamiento del terrrorismo.

El ministro Alak aclaró que “el delito es más mutable a nivel internacional porque muchas veces se utiliza tecnología de punta” y advirtió que por esa razón la legislación “debe ajustarse permanentemente” parar “hacer efectiva la lucha contra el delito”.

“Por esa razón esta no será la primera ni la última modificación”, explicó, añadió que “ni siquiera la ONU lo pudo caracterizar fehacientemente qué es terrorismo” y consideró que “es lógico que este punto genere discusión y preocupación”.

Alak justificó la preocupación que despierta en el país la tipificación de terrorismo en el Código Penal en “las herencias de los años 70 y del 2000, cuando entró en crisis todo el sistema político, económico y social y emergieron los movimiento sociales”.

Para el ministro, los temores sobre una eventual criminalización de la protesta social quedaron “a salvo” con “el pedido expreso de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de que se aclarara que no podía considerarse acto de terrorismo aquel que se hace en ocasión de una protesta social“.

Junto a Alak, expusieron también el titular de la Unidad de Información Financiera, José Sbatella, y el titular de la comisión Nacional de Valores, Alejandro Vanoli.

Vanoli se refirió al proyecto votado en la Cámara de Diputados que agrava las penas para el financiamiento del terrorismo y que incluiría a las “corridas cambiarias” como “actos tendientes a desestabilizar a un gobierno”.

En ese sentido, el funcionario afirmó que “Argentina ha conocido como se ha intentado desestabilizar los mercados” y “esto ha tenido consecuencias económicas y sociales muy graves”.

“Argentina ha sufrido crisis y esto ha traído mucho dolor y es por esa razón que esto se incluye en la ley”, añadió Vanoli ante los senadores, y ratificó que se busca “penalizar a quienes hacen de intermediarios financieros por afuera de la ley”. “El que haga operaciones monetarias o cambiarias no autorizadas será penalizado”, acotó.

Sbatella, a su turno, dijo que las leyes propuestas tienen que ver “con instrucciones de la Presidenta de poner a tono la estructura de cumplimiento de la legislación” e informó que desde que se comenzó a penalizar este tipo de hechos “se lograron cinco detenciones y embargos por 25 millones de pesos”.