La nueva metodología de concesiones les transfiere responsabilidades que antes debían afrontar las empresas contratistas.

La Defensoría del Pueblo advirtió que los cambios en los nuevos contratos de Participación Público Privada (PPP) que introdujo el Gobierno nacional en las concesiones viales nacionales impactarán de manera negativa en los municipios. Es porque deberán hacerse cargo de los servicios de emergencia, como contratación de ambulancias y extinción de incendios.

En esa línea, destacaron que la nueva normativa con las contratistas las excluye de responsabilidades ante emergencias y las traslada al Poder Ejecutivo de cada distrito, según dónde esté ubicado cada corredor vial.

La medida alcanza a los corredores viales que el Ministerio de Transporte de la Nación puso en marcha hace poco. Se trata de los ubicados en las rutas nacionales 3 y 226; en la Ruta Nacional Nº 5; en la Ruta Nacional Nº 7; en las rutas 193 y 9; en la Nº 188, la Nº 12 y en las rutas nacionales 3 y 205.

Por eso, el defensor del Pueblo, Guido Lorenzino, explicó que “los municipios deberán enfrentar estos gastos, por lo que estamos ante una transferencia indirecta a los bonaerenses. Muestra la decisión del gobierno nacional de no proteger a la gente y sí garantizarle los negocios a las empresas”.

Además, detalló que envió notas a todos los municipios afectados y expresó su preocupación por “el efecto que tendrá en la calidad de prestación de los servicios de salud y bomberos ante eventuales accidentes, además del costo que demandarán estas prestaciones”.