Luego del anuncio del incremento del 38% del agua en medio de una audiencia pública, desde la entidad sostuvieron que la asamblea es un “un simulacro” y un “trámite” para una empresa que “es socia del gobierno bonaerense”.

Desde la Asociación Consumidores Responsables manifestaron su “total rechazo al aumento de tarifas del 38% que la empresa ABSA que fue oficializado luego del simulacro de audiencia pública”.

Cabe recordar que en el marco de la audiencia realizada, en el distrito de La Plata, este martes y a pesar de las objeciones de la Defensoría del Pueblo de la provincia, concejales, legisladores y consumidores, la empresa terminó anunciando el incremento de la boleta de un 38% en dos partes. El primero se realizará este mes y será de un 17%, en tanto el segundo será del 27% previsto para mayo.

“Tan solo dos horas y media demandó el trámite donde se escucharon largas intervenciones de las autoridades hablando de una realidad inventada, sobre una empresa que brinda un pésimo servicio, sin inversiones reales y sin escuchar los constantes reclamos de los usuarios que sufren la falta de agua en numerosos barrios de nuestra ciudad y localidades de la provincia”, expresó Henry Stegmayer, presidente de la Asociación.

Según la empresa, la solicitud de aumento fue para “mantener el equilibrio económico, financiero y operativo alcanzado en los últimos años”, afirmó el presidente de ABSA, Rafaelle Sardella.

En este sentido, las autoridades de Aguas Bonaerenses destacaron los avances en obras de infraestructura pero remarcaron la necesidad del tarifazo para cubrir los costos operativos.

“Cada peso que ingresa a la empresa se invierte en mejorar la empresa y el servicio”, sostuvo Sardella, quien además remarco que el incremento por metro cúbico pasará de ser 8,04 a 11,10 pesos.

En tanto, el ex diputado provincial sostuvo que “son públicamente conocidos los problemas de calidad de agua en la ciudad de La Plata y 9 de Julio, los reiterados problemas de falta de agua en la ciudad de Bahía Blanca, la falta de presión en otros puntos de la concesión ante la llegada del verano, la falta de funcionamiento de la mayoría de las plantas depuradoras de líquidos cloacales, y la falta de expansión del servicio hacia los sectores más vulnerables”.

Además, desde la Asociación fueron contundentes con el rol del gobierno de la provincia de Buenos Aires y la empresa en cuestión: “el Estado bonaerense es su socio mayoritario con un 90 % de las acciones. Dichas inversiones son imprescindibles para revertir la situación en la que se encuentra la prestación del servicio de agua y cloacas”.

Stegmayer, agregó que “las inversiones no se pueden hacer en forma discrecional y para cumplir compromisos políticos o problemáticas urgentes, sino que deben estar contempladas en una Plan Director para los próximos cuatro años”.

Por último, el presidente de Consumidores Responsables, reclamó “la urgente puesta en marcha de un plan para colocar medidores en todas las viviendas, para que los usuarios paguemos lo que consumimos y no por el tamaño de nuestra terreno. Esto sería una medida equitativa para garantizar este derecho humano fundamental como es el  acceso al agua potable, que no puede postergarse más y debe ser necesariamente resuelta por el Estado”.