La "bomba desregulatoria" que busca dejar a la Provincia sin controles básicos
Detrás de la promesa de simplificar la burocracia la iniciativa esconde una peligrosa embestida contra los controles del estado
Bajo el eslogan publicitario de "la bomba desregulatoria", el bloque de legisladores provinciales de La Libertad Avanza presentó un proyecto de ley para barrer con 247 registros administrativos bonaerenses.
Detrás de la promesa de simplificar la burocracia y recortar un gasto estimado en 21.799 millones de pesos anuales, la iniciativa esconde una peligrosa embestida que pretende dejar al Estado a ciegas en materia de salud pública, seguridad alimentaria y regulación turística, trasladando los riesgos directamente a la ciudadanía.
La propuesta libertaria apunta contra herramientas de fiscalización creadas a lo largo de las últimas décadas que cumplen funciones clave de control territorial. Entre las dependencias puestas en la mira como si fueran mero "papeleo superpuesto" figuran el Registro de Control de la Comercialización de Bebidas Alcohólicas (REBA), los padrones de Pequeñas Unidades Productivas Alimenticias (PUPAs), las inscripciones de fraccionadores apícolas, el registro de Perros Potencialmente Peligrosos y las nóminas de prestadores de servicios turísticos.
Eliminar estas bases de datos implica destruir la trazabilidad en la elaboración de alimentos de consumo masivo, desproteger a los usuarios ante actividades recreativas de riesgo y condenar al pequeño productor que cumple las normas a una competencia desleal frente a la informalidad. Sin registros activos, la fiscalización estatal pierde la capacidad de saber a quién debe inspeccionar.
Las inconsistencias del proyecto se evidencian además en la propia contabilidad presentada por la bancada violeta. El promocionado ahorro de 21.799 millones de pesos parte de una cuenta matemática deficiente: multiplica el costo teórico de mantener una oficina (alquiler, un director y dos empleados) por 243 registros, a pesar de que en la presentación pública anuncian la baja de 247.
Esta estimación asume que las tareas de control desaparecen por arte de magia, ignorando que la centralización de datos exige inversión en infraestructura informática, auditoría continua y personal capacitado para la fiscalización. Sin informes técnicos ni auditorías independientes que respalden las cifras, el proyecto invoca la "ciencia de datos" mientras promueve el desfinanciamiento de las áreas operativas.

El armado de la iniciativa lleva la firma de la autodenominada "Mesa de Desregulación" de La Libertad Avanza, integrada por los senadores Matías De Urraza y Diego Valenzuela, junto a los diputados Oriana Colugnatti y Francisco Adorni.
Resulta una paradoja que el encargado de auditar la eficiencia administrativa del Estado sea un contador público salpicado por severas irregularidades patrimoniales. Adorni, hermano del exfuncionario nacional (que aún contaría con custodia y vehículo oficial) presidencial de Nación, debió presentarse de ante el juez federal Daniel Rafecas luego de que el fiscal Guillermo Marijuan solicitara su indagatoria en una causa por enriquecimiento ilícito y falseamiento de declaración jurada, proceso donde intentó justificar una omisión de 117 millones de pesos en un crédito del Banco Provincia argumentando que se olvidó de poner un cero en el formulario oficial.
En lugar de encarar una modernización seria y analizada registro por registro, la bancada libertaria insiste con un recorte en bloque orientado al impacto mediático. Desmantelar las estructuras de control estatal resulta un proceso veloz, pero reconstruir las garantías sanitarias y de seguridad para la población demandará años de gestión, demostrando que detrás de la retórica de la libertad se esconde la renuncia del Estado a proteger a sus ciudadanos.

