Paulón denunció impunidad judicial por el archivo exprés de la causa por discursos de odio y ciberacoso

El diputado nacional por el Partido Socialista, Esteban Paulón, detalló las irregularidades en torno a la causa judicial impulsada tras sufrir una orquestada campaña de difamación y ciberacoso. En conversación con Código Baires, Paulón cuestionó la reciente resolución de la Fiscalía General y advirtió sobre el peligro de utilizar la libertad de expresión como cobertura para incitar al odio.

Según explicó el legislador, los ataques comenzaron entre julio y agosto tras sus intervenciones parlamentarias en las que denunció la corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). A partir de ese momento se registró una “campaña orquestada y muy organizada” encabezada por el canal de streaming oficialista “Carajo”, principalmente el programa “La Misa” conducido por Daniel “Gordo Dan” Parisini, y el medio digital “La Derecha Diario” fundado por el periodista Fernando Cerimedo, detenido en Bolivia por enviar sicarios a asesinar a su esposa.

A partir de pericias informáticas y el trabajo de la unidad de cibercrimen, se logró documentar la coordinación del ecosistema digital que integran las partes. “Toda esa operación duró tres semanas enteras. Incluso, nosotros probamos que durante un día entre Carajo y La Derecha Diario hubo 16 interacciones donde uno se comentaba al otro y se retroalimentaban”, explicó Paulón.

La operación incluyó una retroalimentación cruzada de decenas de interacciones diarias en redes sociales destinadas a instalar tendencias difamatorias, lo cual configuró, según Paulón, una amenaza colectiva e incitación al odio dirigida hacia todo el colectivo LGTBIQ+. El legislador indicó que se le deseó que contraiga SIDA y se lo acusó de pedófilo. En esta línea, explicó que él tiene “cierta espalda” para afrontar este tipo de calumnias, pero que estas acciones “tienen un impacto en la vida de la gente que no tiene el cargo, la militancia ni la espalda que yo tengo”.

Archivo exprés y el rol de la Justicia

En el plano legal, la investigación inicial había avanzado con la imputación y declaración indagatoria de cinco responsables. Sin embargo, Paulón denunció que se ejercieron presiones políticas para cerrar la causa en tiempo récord. Por un lado, la Fiscalía General declaró la “inexistencia de delito” y desestimó la acusación respecto a tres de los imputados vinculados al entorno político oficialista. Además, la fiscal de instrucción que llevaba el caso de forma rigurosa fue apartada de la investigación. 

El diputado confirmó que interpondrá un recurso de apelación contra la resolución y denunció que esta medida forma parte de una “pieza de impunidad” dentro del marco de recientes maniobras e interferencias en el Poder Judicial. “Evidentemente hay una operación político-judicial nueva reciente a partir de la llegada del ministro Mahiques, lo vimos con los cientos de nombramientos en la justicia que votaron todos los bloques del Senado, porque acá el acuerdo es bien transversal para la corrupción en la justicia”, declaró Paulón.

Libertad de expresión y "Batalla Cultural"

Frente a los argumentos de la defensa y la Fiscalía, Paulón reafirmó que la libertad de expresión protege a los ciudadanos de la coacción estatal, pero no exime de las responsabilidades jurídicas derivadas de la difamación y el hostigamiento. El legislador graficó que aceptar como “libre expresión” el acusar falsamente a una persona diez veces en un programa de televisión sienta un precedente peligroso que deja desprotegida a la sociedad frente a ataques calumniosos.

Además, reflexionó sobre la llamada “batalla cultural” del oficialismo, considerando que se encuentra socialmente perdida. Paulón ejemplificó esto con la respuesta ciudadana e institucional frente a los discursos oficiales en fotos internacionales como Davos, la masividad de las Marchas del Orgullo y la convivencia democrática en el espacio público.

Finalmente, el diputado remarcó las contradicciones en el discurso moral del gobierno al señalar que antiguos operadores de redes de troleo ocupan hoy cargos públicos financiados por el Estado. Un ejemplo de esto es el twittero “Juan Doe” quien es director nacional de Comunicación Digital de la Presidencia. Paulón expresó su confianza en que un sector importante de la ciudadanía evaluará el deterioro democrático y la violencia institucional al momento de decidir su voto en los próximos comicios, priorizando la defensa de las instituciones y los derechos colectivos.