Barcesat contra el fallo de la Corte: "Humilla la dignidad del discurso jurídico"
El abogado constitucionalista analizó la resolución del Máximo Tribunal sobre la Ley de Tierras, advirtió sobre la "nulidad absoluta e insanable" del DNU 70/23 y reclamó una reacción institucional del Congreso.
El abogado constitucionalista Eduardo Barcesat se refirió al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de revocar la medida cautelar que frenaba la derogación de la Ley de Tierras.
Al respecto, el letrado analizó en diálogo con CódigoBAIRES el pronunciamiento del máximo tribunal y cuestionó con dureza el argumento de los magistrados, en tanto que hizo un llamado urgente al Congreso de la Nación para que ponga un límite institucional al Poder Ejecutivo.
Barcesat calificó la resolución de Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz como un fallo “sibilino”, señalando que los cortesanos evadieron expedirse sobre el valor de constitucionalidad del DNU 70/23 y se limitaron a revocar la suspensión por una cuestión puramente formal respecto a la representación del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM).
#RadioLaPlata909 | @EBarcesat en #CódigoBAIRES con @perezmaxi: "Es un fallo que humilla la dignidad del discurso jurídico y de las prácticas jurisdiccionales, porque la Constitución es tremendamente clara en referencia a este tipo de normativa".
— Radio La Plata 90.9 (@radiolaplata909) September 30, 2026
El especialista sostuvo que la sentencia “humilla la dignidad del discurso jurídico”, recordando que el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional establece claramente que el Ejecutivo no puede en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo.
En esa línea, el constitucionalista marcó una distinción técnica fundamental respecto al debate público sobre la norma, remarcando que “en el derecho se deroga lo que alguna vez fue válido”, mientras que una usurpación de facultades legislativas por parte del Ejecutivo exige declarar la nulidad absoluta.
El abogado explicó que dicha nulidad implica retrotraer los efectos jurídicos al día previo a la emisión del decreto, obligando a “responder personalmente por los daños y perjuicios” a todos los funcionarios que firmaron la iniciativa.
Asimismo, el jurista instó a la Cámara de Diputados a seguir el camino trazado por el Senado y rechazar de forma definitiva el decreto para restablecer la división de poderes. El letrado advirtió que el avance del Ejecutivo por sobre el Poder Legislativo vulnera el deber de obediencia a la supremacía constitucional contemplado en el artículo 36 de la Carta Magna, el cual descalifica como “infames traidores a la patria” a quienes atenten contra el orden institucional.
Por último, Barcesat recordó que todo juez en presencia de una norma que no satisface los requisitos de legalidad y razonabilidad tiene la obligación de declarar su inconstitucionalidad de oficio. El especialista concluyó que, más allá de la vía judicial y de las causas en trámite, el Congreso de la Nación posee la herramienta directa y más rápida para anular el DNU 70/23 y evitar la extranjerización sin límites del territorio nacional.
