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¿Por qué cayó? 

Al borde de la quiebra: Granja Tres Arroyos quedó atrapada en un laberinto judicial

El principal grupo avícola del país quedó atrapado entre dos juzgados comerciales que se disputan la competencia. Mientras 1.200 trabajadores bonaerenses de la empresa siguen sin cobrar.

Andrea Lazaro
29/09/2026
Al borde de la quiebra: Granja Tres Arroyos quedó atrapada en un laberinto judicial

El concurso preventivo de Granja Tres Arroyos S.A.C.A.F.I. (GTA) quedó atrapado en una disputa judicial que todavía no tiene resolución. El expediente fue sorteado al Juzgado Comercial N°21, a cargo de Germán Páez Castañeda, pero el magistrado rechazó la radicación y lo remitió al Juzgado Comercial N°1, de Alberto Daniel Alemán, para que se tramite junto con los concursos de Holding Agroindustrial S.A. (Haisa), Wade S.A. y Avex S.A. Alemán, sin embargo, también rechazó la competencia y devolvió el expediente al juzgado N°21.

Ante esta indefinición, Joaquín De Grazia, presidente de Granja Tres Arroyos, pidió que los cuatro concursos sean unificados. En el escrito presentado ante la Justicia advirtió que la demora genera diariamente nuevos efectos sobre el pasivo de la compañía y sostuvo que, si la situación se prolonga, “indefectiblemente” puede conducir a la quiebra de GTA y de las restantes sociedades del grupo. La empresa es la principal sociedad operativa del grupo, tiene establecimientos en la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba y Chaco y más de 1.700 trabajadores directos.

Las cuatro empresas se encuentran concursadas. Wade, operadora de la ex Cresta Roja, ingresó al grupo en 2018, mientras que Avex fue incorporada en 2019. Ambas, junto con GTA, están controladas por Haisa, entre cuyos accionistas figuran integrantes de la familia De Grazia. El concurso de Wade fue el primero y quedó radicado en el Juzgado Comercial N°1. Los expedientes de Avex y Haisa, que inicialmente habían sido sorteados en los juzgados N°24 y N°25, también terminaron remitidos al tribunal de Alemán.

El problema judicial se suma al conflicto laboral que mantiene paralizadas las plantas bonaerenses de Capitán Sarmiento, Esteban Echeverría y Pilar. El Ministerio de Trabajo provincial extendió por cinco días hábiles la conciliación obligatoria y las partes volverán a reunirse este viernes.

El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) rechazó la prórroga y denunció que los 1.200 trabajadores afectados por los despidos no están cobrando sus salarios, no fueron reincorporados efectivamente y tampoco reciben tareas. El gremio también señaló que la conciliación les impide acceder al fondo de desempleo y a otras asistencias extraordinarias.

Desde la empresa, el apoderado Walter Carrizo planteó que la crisis financiera se agravó por embargos y medidas cautelares vinculadas con deudas anteriores a la presentación en concurso. Según explicó ante la cartera laboral, una parte importante de los fondos y cobranzas de las sociedades quedó retenida, generando una fuerte restricción de liquidez que dificulta afrontar los compromisos corrientes, incluidos los salarios.

Mientras la Justicia define qué juzgado tendrá a su cargo el concurso y si los procesos serán tramitados en conjunto, Granja Tres Arroyos busca que se habiliten los concursos para designar síndicos y contar con un marco judicial para reordenar sus finanzas. En paralelo, la negociación laboral continuará este viernes, con 1.200 trabajadores en medio de una crisis que todavía no encuentra una salida.

¿Por qué cayó Granja Tres Arroyos? 

Un documento presentado por Granja Tres Arroyos muestra que la empresa ya arrastraba problemas financieros desde 2023, pero que el escenario económico de 2024 y 2025 terminó de profundizar la crisis. A la deuda en dólares asumida para la compra de los activos de Cresta Roja se sumó la devaluación de diciembre de 2023, que encareció ese pasivo frente a ingresos mayormente pesificados. Al mismo tiempo, la caída del poder adquisitivo redujo el consumo interno de pollo, mientras los costos de energía, fletes, insumos y salarios siguieron aumentando.

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Además, las políticas del gobierno de Javier Milei respecto a la flexibilización de importaciones y la baja de aranceles facilitaron el ingreso de pollo brasileño, mientras que la apreciación del tipo de cambio limitó aún más la capacidad para trasladar sus costos a los precios.

Según el escrito, el producto importado puso un techo a los valores internos y obligó a la empresa a vender por debajo del costo de reposición. Así, una compañía que ya venía debilitada terminó 2025 con margen operativo negativo y llegó a la cesación de pagos en enero de 2026.

 

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