Piden a la Suprema Corte frenar las fumigaciones cerca de escuelas y viviendas

El Foro por los Derechos de la Niñez se presentó como Amigo del Tribunal y cuestionó las ordenanzas de Rauch y Tandil por las distancias permitidas para fumigar.

Andrea Lazaro
21/09/2026
Piden a la Suprema Corte frenar las fumigaciones cerca de escuelas y viviendas

El Foro por los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud se presentó ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense como Amicus Curiae para intervenir en la causa que cuestiona las normas que regulan las fumigaciones con agroquímicos en Rauch y Tandil. La organización pidió que se declare la inconstitucionalidad de las ordenanzas municipales N° 850/12 y N° 17.404/21, al considerar que permiten aplicaciones a distancias insuficientes de viviendas, escuelas rurales y fuentes de agua.

El planteo sostiene que el conflicto no se limita a las facultades de los municipios o a la actividad agropecuaria, sino que involucra el derecho a la salud, a un ambiente sano y el interés superior de niños y adolescentes que viven, estudian y juegan en zonas rurales y periurbanas. Uno de los principales cuestionamientos apunta a que las normas toman como referencia la clasificación comercial de los productos del SENASA, particularmente los de clases III y IV, considerados “moderadamente” o “normalmente no peligrosos”.

Según el Foro, ese criterio contempla principalmente la toxicidad aguda, es decir, los efectos inmediatos sobre quien manipula un producto, pero no contempla adecuadamente la exposición crónica y acumulativa. En ese sentido, la presentación advierte por el denominado “efecto cóctel”, producto de la exposición sucesiva a distintos agroquímicos durante los ciclos de siembra. También señala que los niños presentan características biológicas que pueden aumentar su exposición relativa: menor peso corporal, procesos metabólicos en desarrollo y una mayor ingesta proporcional de aire y agua.

El expediente incorpora además informes del Centro de Investigaciones del Medio Ambiente de la UNLP-CONICET que, según la presentación, acreditan la presencia y persistencia de agroquímicos en las aguas de la cuenca del Chapaleofú. La cuenca nace en Tandil y atraviesa Rauch antes de continuar hacia el sistema de canales que desemboca en la Bahía de Samborombón.

Estudios de la UNLP y de la Universidad Nacional del Centro (UNICEN) también habían detectado glifosato en aguas de escuelas rurales de Tandil y otros plaguicidas, como clorpirifós, en la cuenca.

Las distancias cuestionadas son diferentes en cada municipio. En Rauch, la Ordenanza 850 establece 500 metros de resguardo para aplicaciones terrestres respecto de centros poblados, 2.000 metros para aplicaciones aéreas y 1.000 metros respecto de escuelas; para los cursos de agua fija una franja de apenas 50 metros. En Tandil, la Ordenanza 17.404 dispone 150 metros para escuelas y centros de salud, 50 metros para pozos y cursos de agua y 60 metros para viviendas cercanas a campos en el caso de aplicaciones terrestres. Para las fumigaciones aéreas establece 2.000 metros respecto de centros poblados y escuelas.

El antecedente judicial es la medida precautelar dictada por la propia Suprema Corte bonaerense, que suspendió temporalmente los artículos vinculados con la protección de los cursos de agua —el artículo 18 de la ordenanza de Rauch y el artículo 8 de la de Tandil— y estableció para las aplicaciones aéreas la distancia de 2.000 metros prevista por el Decreto provincial 499/91. La discusión de fondo todavía alcanza las distancias respecto de centros poblados, escuelas rurales y pozos de agua.

En su presentación, el Foro invocó el Acuerdo de Escazú y la Observación General N° 26 del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, que aborda la exposición infantil a plaguicidas como una amenaza para la vida y el desarrollo. También sostuvo que la jurisprudencia bonaerense y nacional ha reconocido distancias precautorias de 1.095 metros para aplicaciones terrestres frente a zonas sensibles, por lo que consideró regresivos los límites de entre 50 y 150 metros previstos por las ordenanzas.

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El planteo se suma a otros antecedentes judiciales vinculados con fumigaciones en la provincia. En General Rodríguez, una medida cautelar prohibió fumigar en un campo ubicado entre los barrios Altos del Oeste y San Carlos, luego de una presentación de vecinos y de la organización Naturaleza de Derechos. En ese municipio existe desde 2022 una ordenanza que fija 1.095 metros de resguardo para aplicaciones terrestres respecto de centros poblados, viviendas y escuelas rurales, aunque la norma no había sido reglamentada. La Suprema Corte bonaerense también había intervenido en causas vinculadas con Campana y General Pueyrredón.

Ahora, el Foro pidió que el máximo tribunal provincial avance sobre las normas de Rauch y Tandil y adecúe sus disposiciones a criterios de protección ambiental y de la niñez. La organización reclamó además que se aplique el principio precautorio y un control de convencionalidad que priorice el derecho a la vida, la salud y el ambiente por sobre los intereses comerciales. 

El caso de Pergamino

En Pergamino, la Justicia Federal estableció una zona de exclusión de 1.095 metros para aplicaciones terrestres y 3.000 metros para fumigaciones aéreas alrededor de las zonas urbanas, en el marco de una causa por contaminación con agroquímicos. La medida fue adoptada después de que estudios incorporados al expediente detectaran presencia de plaguicidas y evidencias de exposición en vecinos.

La causa de Pergamino también incorporó estudios científicos sobre el agua. Investigaciones del INTA Balcarce detectaron 18 agroquímicos diferentes en muestras tomadas en barrios fumigados, entre ellos glifosato, su metabolito AMPA y atrazina. La investigación sobre la familia Ortiz, realizada por científicos de la Universidad Nacional de Río Cuarto, encontró valores de daño genético superiores a los de referencia, aunque los propios investigadores remarcaron que esos resultados no permiten atribuir causalidad directa a un compuesto específico.

El caso además llegó a juicio oral este año, con siete productores agropecuarios y dos ex funcionarios municipales acusados por hechos de contaminación vinculados con fumigaciones. La causa reúne más de una década de denuncias vecinales y estudios científicos, y constituye uno de los procesos judiciales más relevantes de la provincia sobre exposición a agroquímicos.

Las enfermedades y problemas de salud asociados o estudiados en relación con la exposición a plaguicidas/agroquímicos; la evidencia y el grado de asociación varían según el compuesto, la dosis, el tiempo y la vía de exposición, pero entre ellos se encuentran enfermedades respiratorias y asma, irritación de ojos, piel y vías respiratorias, cefaleas y mareos, náuseas y vómitos, alteraciones neurológicas y cognitivas, trastornos hormonales y endocrinos, alteraciones reproductivas y problemas de fertilidad, abortos espontáneos y complicaciones durante el embarazo, malformaciones congénitas, alteraciones del desarrollo infantil, enfermedades cardiovasculares, daño hepático y renal, alteraciones del sistema inmunológico, trastornos dermatológicos y algunos tipos de cáncer, entre ellos leucemias y linfomas.

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