Giro en el conflicto de Granja Tres Arroyos: la Provincia ordenó reincorporar a los 1.200 despedidos
La medida alcanza a los trabajadores de las plantas de Capitán Sarmiento, Pilar y Esteban Echeverría. El detalle
El Ministerio de Trabajo provincial, que conduce Walter Correa, dictó la conciliación obligatoria por los despidos registrados en distintas plantas de Granja Tres Arroyos y Wade. La medida se concretó en la tarde de este viernes y fue adoptada luego de una audiencia entre representantes de las empresas y del Sindicato de la Industria de la Alimentación de la Provincia de Buenos Aires (SIAPBA).
La conciliación obligatoria tendrá una duración de 15 días hábiles, con posibilidad de extenderse por otros cinco, y contempla la reincorporación de los trabajadores despedidos. El objetivo es garantizar la paz social y abrir una instancia de negociación entre las partes para intentar encontrar una solución al conflicto y preservar las fuentes de trabajo.
Los despidos alcanzan a 1.200 trabajadores. De ese total, 700 corresponden a la planta ubicada en Capitán Sarmiento, 50 a la de Pilar y otros 450 a la planta de Esteban Echeverría.
De la audiencia también participaron el subsecretario de Comercialización del Ministerio de Producción bonaerense, Ariel Aguilar; la intendenta de Capitán Sarmiento, Fernanda Astorino Hurtado; y Alejandro Bonomo, en representación de la intendencia de Esteban Echeverría.
Como parte de lo acordado durante la audiencia, se estableció además la donación de 1.000 cajones de pollo destinados a los trabajadores despedidos. También se dispuso el otorgamiento de un pago de dinero a cuenta, que será efectivizado durante la próxima semana.
La próxima audiencia entre las partes quedó fijada para el jueves, en el marco de la conciliación obligatoria. Allí continuarán las negociaciones entre la empresa y los representantes de los trabajadores.
La medida de la Provincia se produce en medio de la profunda crisis financiera que atraviesa Granja Tres Arroyos, que acumula un pasivo total de US$350,9 millones, además de salarios adeudados y conflictos con acreedores. El grupo, que llegó a contar con unos 6.500 trabajadores en relación de dependencia, como se indicó, no solo paralizó las plantas sino que desvinculó casi 2.000 empleados entre Buenos Aires y Entre Ríos. Según el gremio, a los los trabajadores se les adeudan los salarios de abril, mayo, junio, julio y agosto, además del aguinaldo.
En Capitán Sarmiento, donde se concentra buena parte del conflicto, la situación también generó cuestionamientos hacia la intendenta Fernanda Astorino Hurtado. La jefa comunal reclamó una “mesa de diálogo y concertación” con la empresa y el Ministerio de Trabajo bonaerense, aunque frente a los trabajadores sostuvo que “es una empresa privada que se tiene que administrar bien” y que “no vine a hablar de política”. Astorino Hurtado, que llegó a la intendencia por Juntos por el Cambio y luego formalizó su pase a La Libertad Avanza, fue cuestionada por los trabajadores por su postura frente a la crisis de la empresa.
