Pagano: "Cada voto se pagó en una maniobra ilegal, inmoral e ilegítima"
La diputada denunció la compra de voluntades para que los legisladores que responden a los jefes provinciales colaboracionistas voten conforme a los deseos de la Casa Rosada.
La diputada nacional Marcela Pagano prendió el ventilador y apuntó contra la Casa Rosada por la compra de voluntades de los legisladores que responden a algunos gobernadores que, a pesar de esbozar críticas a la gestión libertaria, en general terminan ayudando a Javier Milei a avanzar con las leyes que propone en el Congreso.
En ese marco, la legisladora publicó un hilo en X para denunciar que el Gobierno nacional montó un esquema ilegal para obtener mayorías legislativas: "Cada voto se pagó a Gobernadores en una maniobra ilegal, inmoral e ilegítima".
Voy a contarles por qué el Gobierno pudo sacar leyes de manera exprés: Los “aliados” recibieron plata a cambio. Cada voto se pagó a Gobernadores en una maniobra ilegal, inmoral e ilegítima. Te voy a contar en este hilo quiénes quiénes son y cuánto dinero recibieron. (Abro hilo)
— Marcela Pagano (@Marcelampagano) August 12, 2026
Al respecto, Pagano fue tajante al asegurar que los dirigentes colaboracionistas —diputados, senadores y gobernadores— recibieron dinero a cambio de sus votos, y señaló al ministro de Economía, Luis Caputo, como el "cajero" y "cuevero de poca monta" encargado de ejecutar el envío de fondos a quienes se comportan de acuerdo con los deseos del Ejecutivo.
Entre los mandatarios señalados como receptores de estos fondos a cambio del apoyo de sus legisladores, Pagano mencionó al tucumano Osvaldo Jaldo, el salteño Gustavo Sáenz, el jujeño Carlos Sadir, el santacruceño Claudio Vidal y al exgobernador de Misiones y conductor del Frente Renovador de la Concordia de esa provincia, Carlos Rovira. El que se salvó de la mención fue el catamarqueño Raúl Jalil, que no dudó en romper el bloque peronista y manda a sus laderos a votar con La Libertad Avanza.
Según la legisladora, el mecanismo consiste en liberar pagos millonarios a las vialidades provinciales de distritos aliados coincidiendo con las fechas de tratamiento de proyectos en el Congreso. Además, reveló que los días de votación se liberan 3,44 veces más pagos que el resto del mes.
“No es casual, presionan hasta último momento a los gobernadores y después de la votación les liberan los fondos cuyo destino es incierto, porque nadie ve las obras viales en marcha”, sentenció la diputada, que difundió el "precio de lista" de cada iniciativa que obtuvo aprobación en las cámaras del Congreso: 17.139 millones de pesos (pagados entre el 11 y 13 de febrero) por la reforma laboral; 2.551 millones de pesos (entre el 8 y 10 de abril) por la Ley de Glaciares; 4.096 millones de pesos (entre el 19 y 21 de mayo) por la Ley Hojarasca y la eliminación del Régimen de Zona Fría.
En esa línea, la diputada remarcó que sólo en tres votaciones se repartieron 33.786 millones de pesos, lo que representa más de la mitad de todo lo pagado por el Gobierno en cinco meses por fuera de esas ventanas.
En otro orden, Pagano se hizo eco del destino de los fondos que el Estado nacional recauda por medio del Impuesto a los Combustibles Líquidos que, en lugar de ir a obras de rutas nacionales —como estipula la ley—, va a sostener el "superávit ficticio" del que tanto se jacta el Ejecutivo.
#RadioLaPlata909 |La diputada de Unión por la Patria presentó una denuncia ante la Justicia Federal contra funcionarios de Economía, Vialidad y el Banco Nación.https://t.co/oEDdGUOlEx
— Radio La Plata 90.9 (@radiolaplata909) August 10, 2026
Para la legisladora, la maniobra no solo es inmoral, sino que constituye una estafa a los contribuyentes, y ejemplificó con el estado crítico de la ruta 307 en Tucumán, que lleva tres años de atraso y menos del 20 por ciento de ejecución, pero que "cobra puntual el día de la sesión".
Asimismo, denunció que el Gobierno utiliza estos fondos para simular un equilibrio fiscal mientras el dinero "duerme en plazos fijos" o se desvía a fines ajenos a la ley. Finalmente, Pagano confirmó que ya radicó una denuncia penal por los delitos de administración fraudulenta, cohecho y malversación de fondos públicos. La causa recayó en el juzgado de Julián Ercolini, a quien la diputada instó a aplicar los mismos precedentes que en la causa "Vialidad".
"Ya sabemos cómo termina la historia; esperamos que el juez aplique su propio precedente", concluyó, vinculando el actual accionar de la Casa Rosada con los esquemas de corrupción que el propio oficialismo prometió combatir.
