Cuatro horas de represión, 1.500 personas heridas y una pregunta que el Gobierno sigue sin responder
La Comisión Provincial por la Memoria denunció un operativo que dejó más de 1.500 personas afectadas, 18 detenidos y una nueva fotoperiodista herida.
La jornada del jueves frente al Congreso comenzó bajo una lluvia persistente y con una imagen que ya empieza a resultar habitual: organizaciones sociales, gremiales, estudiantiles, jubilados y ciudadanos autoconvocados movilizados para expresar su rechazo a una ley impulsada por el Gobierno nacional. Lo que no debería resultar habitual es el desenlace. Una vez más, una protesta terminó convertida en un escenario de gases lacrimógenos, balas de goma, camiones hidrantes, personas heridas y trabajadores de prensa alcanzados por el operativo de las fuerzas de seguridad.
Según denunció la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), el despliegue dejó más de 1.500 personas afectadas o heridas por gases lacrimógenos, gas pimienta, postas de goma, postas Byrna y golpes de escudos y bastones. El organismo también contabilizó 18 personas detenidas y calificó el operativo como "uno de los más violentos y extendidos en tiempo y distancia de los últimos años".
La pregunta vuelve a ser la misma de cada movilización: ¿cómo una manifestación que durante horas transcurrió de manera pacífica termina derivando en un operativo que se extiende por buena parte del centro porteño? Es cierto que, como ocurre en prácticamente todas las protestas masivas, pueden aparecer grupos reducidos que provoquen incidentes, arrojen piedras o prendan fuego contenedores. Pero justamente para eso existen fuerzas de seguridad profesionales: para identificar, aislar y detener a quienes cometen delitos, no para transformar varias cuadras de la Ciudad de Buenos Aires en una zona liberada para la represión indiscriminada.
Las imágenes del jueves muestran otra cosa. Camiones hidrantes avanzando durante horas. Gendarmes y policías disparando a varias cuadras del Congreso. Efectivos persiguiendo manifestantes por Avenida de Mayo, Callao, Corrientes y hasta las inmediaciones de la 9 de Julio, donde continuaban circulando colectivos, automóviles y trabajadores que nada tenían que ver con la protesta. Personas refugiándose en comercios para escapar de los gases. Motociclistas subiéndose a las veredas para evitar quedar atrapados en medio del operativo. Una ciudad funcionando a medias porque la violencia estatal se extendía mucho más allá del lugar donde se desarrollaba la manifestación.
La propia reconstrucción de los hechos realizada por la Comisión Provincial por la Memoria sostiene que fueron las fuerzas federales las que rompieron el esquema de vallados que ellas mismas habían montado para avanzar sobre los manifestantes. Según el organismo, el objetivo fue dispersar una protesta que hasta ese momento se desarrollaba de manera pacífica.
Como en otras oportunidades, tampoco faltó la sospecha que desde hace tiempo expresan organizaciones sociales y manifestantes: la presencia de personas infiltradas que generan disturbios para justificar una posterior represión. No existen, hasta el momento, pruebas concluyentes que permitan afirmarlo. Pero tampoco puede ignorarse que esa desconfianza crece cada vez que el resultado termina siendo el mismo: un reducido grupo provoca incidentes y la respuesta recae sobre miles de personas que simplemente ejercían su derecho constitucional a manifestarse.
Otra vez el periodismo en la mira
Entre las imágenes más preocupantes volvió a aparecer una que Argentina conoce demasiado bien. Una fotógrafa terminó hospitalizada tras recibir un fuerte golpe en la cabeza mientras cubría la movilización. Fue asistida en plena calle y trasladada al Hospital Argerich con un traumatismo de cráneo. Afortunadamente, las primeras informaciones indicaron que se encontraba fuera de peligro.
Pero el episodio inevitablemente remite a lo ocurrido el año pasado con Pablo Grillo, el reportero gráfico que recibió el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno disparado de manera antirreglamentaria durante otra represión frente al Congreso. Grillo sobrevivió después de múltiples intervenciones quirúrgicas y una larguísima recuperación. Recién en los últimos meses pudo volver, lentamente, a tomar una cámara y retomar parte de su rutina laboral.
La pregunta vuelve a imponerse sola: ¿cuántas veces más deberá repetirse una escena similar para que se revisen los protocolos de actuación? ¿Cuántos periodistas más deberán terminar heridos por hacer su trabajo?
La responsabilidad política
Las fuerzas de seguridad no actúan por iniciativa propia. Responden a una conducción política, a órdenes operativas y a protocolos establecidos por el Ministerio de Seguridad. Por eso resulta llamativo el absoluto silencio que mantuvo durante toda la jornada la ministra Alejandra Monteoliva, mientras las imágenes de la represión recorrían los canales de televisión y las redes sociales.
El mismo silencio también alcanzó al presidente Javier Milei, quien siguió con su agenda internacional mientras en Buenos Aires el Senado debatía una de las leyes más importantes para el oficialismo y, a pocas cuadras del recinto, el operativo de seguridad dejaba cientos de personas afectadas y escenas de extrema violencia.
Cuando la excepción empieza a convertirse en regla
La democracia reconoce el monopolio legítimo de la fuerza por parte del Estado. Pero ese principio tiene un límite innegociable: la fuerza debe ser excepcional, proporcional y dirigida exclusivamente contra quienes cometen delitos.
Lo ocurrido el jueves parece ir exactamente en sentido contrario. La represión se extendió durante más de tres horas, atravesó buena parte del centro porteño y alcanzó a manifestantes, periodistas, trabajadores y personas que simplemente circulaban por la zona. No fue la desarticulación de un foco violento. Fue un operativo de dispersión masiva.
Quizá lo más preocupante no sea únicamente la violencia de la jornada, sino el riesgo de que empiece a naturalizarse. Que cada protesta termine con gases, hidrantes y postas de goma. Que cada movilización deje periodistas heridos. Que cada cuestionamiento social sea respondido con un despliegue policial cada vez más agresivo.
Porque una democracia no se fortalece cuando logra vaciar una plaza. Se fortalece cuando es capaz de garantizar, incluso en el conflicto, que quienes piensan distinto puedan expresarse sin terminar corriendo entre gases, balas de goma y camiones hidrantes.
