La Justicia obligó a Nación a intervenir un tramo crítico de la RN 3
La Cámara Federal de Mar del Plata obligó a Vialidad Nacional y a Corredores Viales a adoptar medidas urgentes entre Azul y Cacharí tras detectar un riesgo para quienes transitan por la zona.
Mientras avanza el nuevo esquema de concesiones privadas para las rutas nacionales, la Justicia volvió a poner el foco sobre el deterioro de la infraestructura vial. La Cámara Federal de Mar del Plata ordenó intervenir de manera urgente un tramo de la Ruta Nacional 3, entre Azul y Cacharí, al considerar que el estado de la calzada representa un riesgo para quienes circulan por la zona.
La resolución revocó un fallo del Juzgado Federal N° 2 de Azul, que había rechazado una medida cautelar presentada por el municipio. De esta manera, la Cámara obligó a la Dirección Nacional de Vialidad y a Corredores Viales S.A. a adoptar medidas inmediatas mientras continúa la discusión sobre quién deberá hacerse cargo del mantenimiento de ese sector de la ruta.
Para tomar la medida, los jueces tuvieron en cuenta el estado del camino y la cantidad de accidentes registrados en los últimos meses. Según el fallo, durante el último semestre hubo 11 siniestros viales en el tramo comprendido entre Azul y Cacharí. Además, informes de la Policía Federal Argentina detectaron baches, hundimientos, huellas provocadas por el tránsito pesado y falta de señalización en distintos sectores de la calzada. Frente a ese escenario, los magistrados ordenaron una intervención.
En ese marco, Vialidad Nacional y Corredores Viales deberán colocar cartelería preventiva, reforzar la señalización, instalar balizas y dispositivos de visibilidad nocturna, implementar reducciones de velocidad cuando sea necesario y realizar reparaciones provisorias en los sectores más comprometidos.
Además, ambos organismos tendrán diez días hábiles para presentar ante el Juzgado Federal de Azul un plan de trabajo con las tareas previstas, los responsables de ejecutarlas y un cronograma de intervención. Las medidas deberán concretarse en un plazo máximo de 120 días corridos y quedarán bajo seguimiento judicial mediante informes mensuales.
Al fundamentar la resolución, la Cámara recordó que el Código Civil y Comercial establece el deber de prevenir daños cuando existe un peligro concreto. En ese sentido, sostuvo que la prioridad es evitar que el estado de la ruta siga poniendo en riesgo a quienes la utilizan, mientras avanza el trámite del amparo principal.
