Que el Mundial no tape el bosque: El Senado trata la extranjerización de la tierra
Los legisladores están convocados para el mediodía pero comenzó a reinar la incertidumbre en relación al quórum.
En medio de los festejos por la clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, el mundillo político tiene este jueves la mirada puesta en lo que vaya a hacer el Senado.
Tal como dijo ante CódigoBAIRES el intendente de Benito Juárez, Julio Marini, "el Gobierno está aprovechando el Mundial para seguir haciendo daño" y planea avanzar en una modificación clave en materia de soberanía: busca eliminar los límites para que los extranjeros puedan adquirir tierras.
Desde el Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM), Rodolfo Carrizo se expresó en la misma línea ante este medio y llamó a ver "el otro partido". Además, apuntó contra la entrega de soberanía que, según sostuvo, lleva adelante el Gobierno de Javier Milei, criticó la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y acusó a Estados Unidos, Israel y Reino Unido de intentar colonizar el sur de la Argentina.
Desde esa entidad también pidieron: "No permitamos que el Senado entregue nuestro territorio". En esa línea los excombatientes advirtieron que "se vota un proyecto nefasto, que busca destruir la Ley de Tierras, que hoy está vigente por una medida cautelar que obtuvimos desde el CECIM La Plata, que impide que venga un grupo inversor extranjero y se compre una provincia o un municipio entero".
La Cámara alta tiene prevista la sesión para el mediodía con el objetivo principal de votar las modificaciones a la Ley de Propiedad Privada. Si bien la semana pasada, en Labor Parlamentaria, se acordó avanzar con esta agenda legislativa, durante las últimas horas en la Casa Rosada comenzaron a hacer cuentas sobre la conformación del quórum, ya que se prevé la ausencia de al menos tres legisladores del radicalismo y los dos que responden al gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, rechazan aspectos centrales de la normativa.
Volviendo sobre las bases del proyecto libertario, el mismo dispone que las provincias sean las encargadas de autorizar las ventas de tierras a extranjeros, incluyendo los territorios fronterizos, aunque en esos casos se deberá contar con la aprobación de la gestión provincial, del Gobierno nacional y del propio Congreso Nacional. El principal bache legal de este aspecto es que, si no existe un reparo por parte del Gobierno nacional ni del provincial, se reconocerá el silencio administrativo, con lo cual, a los 180 días, los compradores serán propietarios de pleno derecho.
Otras modificaciones
Además de darle la posibilidad a los extranjeros de adquirir tierras, el proyecto oficialista también apunta a agilizar los desalojos, de acuerdo con cada situación.
En ese sentido, se aplicará un desalojo exprés en los casos de inmuebles usurpados o tenedores precarios, donde el juez podrá disponer la inmediata entrega del inmueble si "el derecho invocado fuese verosímil y previa caución juratoria".
En el caso de los inquilinos que adeuden el pago de sus contratos, deberán recibir por parte del propietario una carta documento, que otorgará un plazo de al menos 10 días corridos para ponerse al día, contados desde la recepción de la notificación.
Por otro lado, se eliminó un capítulo completo que modificaba la ley que regula el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). Ese segmento de la normativa hubiera perjudicado a más de 5 millones de personas.
Esa eliminación también impidió el desmantelamiento de la Ley del Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana, legislación que posibilitó más de 1.200 proyectos de urbanización, la realización de obras de infraestructura, la entrega de 870.000 certificados de vivienda familiar y la generación de 23.000 lotes con servicios.
En mayo, cuando se tomó la decisión de eliminar ese capítulo, la titular del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana, Romina Barrios, celebró la quita de esos artículos y aseguró que fue "un logro en la defensa de la integración socio urbana gracias a las voces de organizaciones sociales, sectores eclesiásticos y de la oposición que defendieron el derecho de las familias a vivir mejor".
