La muerte de Vanessa Rial reabre la discusión sobre distintos niveles de "abandono" del Estado
Sobreviviente de uno de los casos mas extremos de violencia machista que se registraran en La Plata, tuvo al principio un fuerte acompañamiento que luego fue perdiendo presencia a medida que el caso perdía estado mediático
Su denuncia permitió una condena histórica de 37 años de prisión contra el hombre que la secuestró, torturó y violó. Se convirtió en abogada y dedicó parte de su vida a acompañar a otras mujeres. Pero murió hace apenas unos días, tras atravesar una profunda situación de vulnerabilidad. Su historia vuelve a plantear una pregunta incómoda: ¿el Estado acompaña a las víctimas sólo hasta que termina el juicio?
Cuando Vanessa Rial escuchó la condena de 37 años de prisión contra Jorge Martínez Poch, el hombre que la había mantenido cautiva durante casi dos meses, abusado sexualmente y sometido a torturas físicas y psicológicas, pronunció una frase que sintetizaba el cierre de una etapa: "Hoy empiezo a vivir".
Era 2016 y la Justicia acababa de dictar una de las sentencias más severas de las que se tenga registro en un caso de violencia de género. Su testimonio había sido determinante para lograr una condena ejemplar que se transformó en un antecedente para la jurisprudencia argentina.
Diez años después, aquella promesa de una nueva vida terminó de la peor manera.
Vanesa Rial murió en La Plata, luego de permanecer internada por una neumonía bilateral que se agravó tras sufrir un accidente cerebrovascular. Tenía 50 años.
Su fallecimiento volvió a poner en el centro de la escena el caso judicial que la convirtió en un símbolo de la lucha contra la violencia machista. Sin embargo, también dejó al descubierto otra historia, mucho menos conocida: la de una sobreviviente que, según distintas reconstrucciones periodísticas y testimonios de personas cercanas, atravesó sus últimos años en un contexto de extrema vulnerabilidad económica y social.
El después del fallo
La historia de Rial parecía desafiar las estadísticas.
No sólo había logrado sobrevivir a uno de los casos de violencia de género más brutales registrados en La Plata. También estudió Derecho, obtuvo su título de abogada y comenzó a acompañar a otras mujeres víctimas de violencia, incluso integrando equipos de asistencia jurídica. Durante años fue convocada a charlas, jornadas y entrevistas donde su experiencia era presentada como un ejemplo de resiliencia.
Pero mientras su historia seguía siendo utilizada como símbolo de superación, su realidad cotidiana parecía recorrer un camino muy distinto.
Las relatos que reconstruyen sus últimos años coinciden en describir un deterioro progresivo de sus condiciones de vida. Problemas económicos, dificultades de salud y períodos de extrema precariedad formaron parte de ese cuadro. Incluso atravesó estadías en refugios y dependió de la ayuda de terceros para afrontar necesidades básicas.
Una deuda que excede un caso
La historia de Rial plantea una discusión que va mucho más allá de su tragedia personal.
En Argentina, la legislación reconoce que las víctimas de violencia de género tienen derecho a recibir asistencia integral. La Ley 26.485 establece obligaciones para el Estado en materia de protección, atención psicológica, asistencia social, patrocinio jurídico y medidas destinadas a favorecer la reconstrucción de un proyecto de vida.
Sin embargo, en la práctica, buena parte de esos dispositivos se concentran en la emergencia: la denuncia, las medidas cautelares, el refugio inmediato o el proceso judicial.
Vanesa había logrado un contrato del Estado Municipal y desde allí logró apalancar el inicio de su carrera como abogada, sin embargo con el correr de los años el esquema de contención institucional que se había desplegado a su alrededor después del juicio comenzó a flaquear, sobre todo cuando su figura fue perdiendo estado mediático.
Si una víctima cuyo caso fue paradigmático terminó atravesando situaciones de precariedad, resulta inevitable preguntarse qué ocurre con miles de mujeres cuyas historias jamás alcanzan semejante visibilidad, y entonces nuevamente la situación de Rial como ya ocurrió hace 10 años, sirve para visibilizar circunstancias que no suelen colarse en la agenda pública.
Durante los últimos años, Argentina avanzó significativamente en el reconocimiento judicial de la violencia de género. Las condenas son más severas, existen protocolos específicos, fiscalías especializadas y herramientas legales que hace dos décadas no existían.
Pero la historia de Vanesa Rial parece mostrar los límites de un sistema que muchas veces mide el éxito por el resultado del expediente judicial. La sentencia puede condenar al agresor, pero no necesariamente repara el daño.
Las secuelas psicológicas, económicas, laborales y sociales suelen acompañar a las sobrevivientes durante décadas. Sin políticas sostenidas de acompañamiento, la salida de la violencia puede convertirse apenas en el comienzo de otra lucha: la de sobrevivir en soledad.
Las preguntas que deja su muerte
La muerte de Vanesa Rial no sólo conmueve por el horror que logró superar. También obliga a revisar qué ocurre cuando las cámaras se apagan, los expedientes se archivan y las víctimas dejan de ocupar titulares.
¿Quién las acompaña durante los años siguientes?
¿Existe un seguimiento real después de las condenas?
¿Hay políticas públicas capaces de sostener esa recuperación en el tiempo?
Las respuestas no alcanzan únicamente para explicar la historia de Vanesa Rial. También servirán para medir la capacidad del Estado de cumplir con una obligación que la ley reconoce desde hace años: que la protección de las víctimas no termine cuando termina el juicio.
