Política
Corrupción libertaria

La Justicia rechazó la maniobra de Spagnuolo para frenar la pericia de los audios de la ANDIS

El juez Ariel Lijo desestimó el planteo del exdirector de la ANDIS y ratificó que seguirá el estudio para determinar si las grabaciones fueron manipuladas.

Nazareno Napal
14/07/2026
La Justicia rechazó la maniobra de Spagnuolo para frenar la pericia de los audios de la ANDIS

Durante meses, Diego Spagnuolo aseguró que los audios que desataron el escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) podían haber sido editados, manipulados o incluso generados mediante inteligencia artificial. Sin embargo, cuando la Justicia avanzó con la principal medida destinada a comprobar si esa hipótesis era cierta, el exfuncionario intentó impedirla.

Ese planteo acaba de sufrir un nuevo revés. El juez federal Ariel Lijo rechazó el pedido de nulidad y la suspensión del peritaje tecnológico solicitado por la defensa del exdirector de la ANDIS, procesado como presunto jefe de una asociación ilícita que habría direccionado contrataciones millonarias de medicamentos e insumos destinados a personas con discapacidad.

La resolución despeja el camino para que continúe el análisis técnico de las grabaciones que dieron origen a una de las investigaciones por corrupción más sensibles para el gobierno de Javier Milei. El objetivo de la pericia es determinar si los registros son auténticos, si presentan signos de edición o manipulación y si la voz corresponde efectivamente a Spagnuolo.

La defensa, encabezada por Pablo Parera, sostuvo que obligar al exfuncionario a entregar una muestra de voz vulneraría la garantía constitucional contra la autoincriminación, además de insistir en que los audios carecen de la integridad técnica necesaria para ser sometidos a un cotejo y podrían haber sido alterados mediante inteligencia artificial.

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Lijo descartó esos argumentos. En su resolución explicó que una muestra de voz constituye un elemento biométrico, comparable con las huellas dactilares o el ADN, y no una declaración testimonial protegida por el derecho a no autoincriminarse.

Pero además expuso una contradicción que también había señalado el fiscal Franco Picardi: mientras la propia defensa cuestionaba la autenticidad de las grabaciones, designaba un perito de parte y proponía nuevos puntos para profundizar el análisis técnico, al mismo tiempo pretendía suspender la pericia destinada precisamente a establecer si los audios habían sido manipulados.

"Resulta objetivamente incompatible cuestionar la autenticidad de los registros sonoros (...) y, simultáneamente, pretender impedir o paralizar la realización de la propia medida destinada a producir ese esclarecimiento", sostuvo el magistrado.

Un expediente que sigue incomodando al Gobierno

Los audios fueron difundidos en agosto de 2025 y desencadenaron uno de los mayores escándalos de la administración libertaria. En las grabaciones se escucha una voz atribuida a Spagnuolo describiendo un presunto circuito de retornos vinculados a contrataciones dentro de la ANDIS, con menciones a porcentajes destinados a distintos actores políticos y empresarios.

Aunque aquellas conversaciones fueron el punto de partida de la investigación, el expediente avanzó luego sobre otras pruebas. Según la fiscalía, los allanamientos permitieron incorporar documentación, registros administrativos, facturas y conversaciones extraídas de teléfonos celulares que respaldarían la existencia de una organización destinada a direccionar compras con sobreprecios que, en algunos casos, habrían alcanzado el 2.000% en medicamentos y el 4.000% en determinados insumos.

En febrero de este año la Justicia procesó a Spagnuolo y a otras 18 personas por delitos como asociación ilícita, cohecho, negociaciones incompatibles con la función pública y fraude contra la administración pública.

Con otros escándalos ocupando hoy la agenda política y mediática, la causa perdió centralidad, pero continúa siendo una de las investigaciones que más comprometen al Gobierno. No sólo porque involucra a un funcionario que había sido designado personalmente por Milei, sino porque las presuntas maniobras investigadas habrían afectado fondos destinados a personas con discapacidad, uno de los sectores más golpeados por el ajuste y la revisión de prestaciones impulsados desde el inicio de la gestión.

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