La inteligencia artificial ya tiene reglas de uso en el Estado bonaerense
La normativa establece reglas para implementar sistemas de IA en el Estado, con supervisión humana, transparencia y evaluación de riesgos
El Gobierno bonaerense avanzó con la incorporación de la inteligencia artificial a la administración pública mediante la creación de un marco específico que establece reglas para el desarrollo, implementación y control de estas herramientas en los organismos estatales.
A través del Decreto 742/26, el gobernador Axel Kicillof aprobó el Marco Provincial para el Desarrollo, Uso y Gobernanza de la Inteligencia Artificial, un esquema que busca ordenar la utilización de esta tecnología con el objetivo de mejorar la eficiencia, agilizar procesos y optimizar la prestación de servicios públicos.
La norma designó a la Subsecretaría de Gobierno Digital, dependiente del Ministerio de Gobierno, como autoridad de aplicación. Ese organismo tendrá a su cargo la coordinación del sistema, la elaboración de protocolos, la definición de estándares técnicos y el seguimiento de los proyectos vinculados con inteligencia artificial dentro del Estado provincial.
Uno de los puntos centrales del nuevo régimen es la creación de un Registro de Inteligencia Artificial, donde todos los organismos de la administración central, entidades descentralizadas y autárquicas deberán informar qué sistemas utilizan o desarrollan, su nivel de implementación y las modificaciones que realicen sobre esas herramientas.
Además, cualquier iniciativa relacionada con IA, ya sea un desarrollo propio, una contratación, una implementación o una renovación de sistemas existentes, deberá contar previamente con la intervención de la Subsecretaría de Gobierno Digital, incluso cuando los proyectos sean financiados con recursos externos.
Los límites para el uso de inteligencia artificial en la gestión pública
El marco aprobado por la Provincia establece que la incorporación de estas tecnologías deberá realizarse bajo principios de transparencia, trazabilidad, protección de datos personales, seguridad informática, no discriminación y rendición de cuentas.
También plantea que la inteligencia artificial debe funcionar como una herramienta de asistencia para los trabajadores estatales y no como un reemplazo de la toma de decisiones humanas. En ese sentido, la normativa exige que exista supervisión humana en los procesos donde puedan verse afectados derechos fundamentales.
Entre los objetivos del Gobierno bonaerense aparece la búsqueda de una administración más accesible y eficiente, pero con un uso "ético, transparente, seguro y centrado en las personas" de la tecnología.
El régimen también contempla la posibilidad de crear un Consejo Asesor interdisciplinario y multisectorial, integrado por especialistas, universidades y otros actores vinculados al desarrollo tecnológico, que podrá emitir recomendaciones, analizar riesgos y proponer buenas prácticas.
Evaluación de riesgos y el antecedente del Poder Judicial
La nueva regulación se suma a otras iniciativas impulsadas en la Provincia para ordenar el avance de la inteligencia artificial. A fines de 2025, la gestión bonaerense ya había establecido lineamientos vinculados a la protección de derechos y al uso confiable de estas herramientas.
Además, la Suprema Corte bonaerense trabaja en una regulación propia para el ámbito judicial. El proyecto elaborado por el máximo tribunal provincial establece que la IA no podrá reemplazar la función jurisdiccional ni intervenir en decisiones como la valoración de pruebas o la elaboración del fundamento de una sentencia.
En ese caso, la Corte remarcó que el uso de inteligencia artificial no elimina la responsabilidad de los funcionarios judiciales, quienes deberán mantener un control efectivo y documentado sobre las herramientas utilizadas.
Con el nuevo marco, la Provincia busca avanzar hacia una incorporación ordenada de la IA dentro del Estado, con reglas comunes para su aplicación y mecanismos destinados a reducir posibles riesgos asociados a su utilización.
