Sin votos para eliminar las PASO, Milei enfrenta una rebelión política contra las colectoras
El Gobierno no logra reunir los apoyos necesarios para avanzar con la reforma electoral. Cómo sigue.
La reforma electoral que impulsa el gobierno de Javier Milei quedó empantanada en el Senado. La Casa Rosada todavía no consiguió los votos para eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y la alternativa que comenzó a analizar para destrabar la negociación -la habilitación de listas colectoras o adhesiones- tampoco reúne consenso entre el oficialismo, sus aliados y la oposición.
La iniciativa aún no ingresó formalmente al Congreso, pero ya provocó un fuerte debate político. Mientras el Ejecutivo busca respaldo entre los gobernadores para modificar las reglas electorales de cara a 2027, distintos bloques legislativos y mandatarios provinciales advirtieron que no acompañarán el esquema que evalúa la administración libertaria.
En La Libertad Avanza tampoco existe una postura unificada. La senadora Patricia Bullrich calificó inicialmente a las colectoras como "un retroceso" y afirmó que "deforman el sistema electoral". Luego moderó su posición al señalar que, aunque no le gustan, "no encontramos un sistema mejor".
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, encabeza las conversaciones con los gobernadores para intentar construir una mayoría parlamentaria. Sin embargo, desde el Senado aseguran que no existe ningún proyecto presentado ni de manera formal ni informal. El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto (La Libertad Avanza), adelantó que el tema recién podría comenzar a discutirse durante agosto.
La falta de consenso atraviesa a los bloques que habitualmente acompañan al oficialismo. En el PRO prefieren esperar un proyecto concreto antes de fijar posición, aunque mantienen diferencias con la eliminación de las PASO.
En la UCR tampoco hay una postura única. Mientras algunos senadores consideran que el sistema representa un retroceso, otros se muestran dispuestos a escuchar la propuesta antes de tomar una decisión. El MID, por su parte, evitó pronunciarse hasta conocer el contenido definitivo de la iniciativa.
Los cuestionamientos más duros provienen de otros sectores de la oposición. En Provincias Unidas sostienen que el mecanismo recuerda a la ley de lemas. El diputado radical Pablo Juliano afirmó que implicaría "volver a las viejas artimañas del siglo XX", mientras que el socialista Esteban Paulón también expresó su rechazo.
En la Coalición Cívica, el jefe del bloque de diputados, Maximiliano Ferraro, calificó el eventual regreso de las colectoras como "un enorme retroceso" y sostuvo que representan una "ley de lemas encubierta".
El peronismo tampoco muestra disposición a acompañar la reforma. Incluso gobernadores que mantienen una relación de diálogo con la Casa Rosada rechazaron la posibilidad de incorporar colectoras. El tucumano Osvaldo Jaldo cuestionó que el oficialismo impulse ahora un mecanismo similar a los acoples, sistema que históricamente criticó en esa provincia. A esa postura se suman Hugo Passalacqua (Misiones), Ignacio Torres (Chubut) y Raúl Jalil (Catamarca). Este último reiteró su respaldo a eliminar las PASO, pero descartó acompañar las colectoras al considerar que se asemejan a una ley de lemas.
En los bloques dialoguistas admiten que la reforma electoral perdió prioridad dentro de la agenda legislativa. La principal negociación del oficialismo pasa hoy por otros proyectos, entre ellos el régimen de Zona Fría, donde concentra el capital político disponible para negociar en el Senado.
Además, los aliados recuerdan que el entendimiento inicial contemplaba cerrar cualquier modificación electoral antes de finalizar el primer semestre. Ese plazo ya quedó atrás y, según reconocen en la Cámara alta, difícilmente exista una definición antes del último trimestre del año.
El escenario lleva a que la discusión pueda confluir con el tratamiento del Presupuesto 2027. El Poder Ejecutivo deberá enviar esa iniciativa al Congreso el 15 de septiembre e incluir allí los recursos necesarios para organizar las próximas elecciones nacionales. Si para entonces no existe un acuerdo político sobre la reforma, el Gobierno deberá presupuestar los comicios con el sistema electoral vigente.
