Bianco defendió el traspaso de aportes de estatales al IPS
El ministro de Gobierno bonaerense respaldó la decisión de que los trabajadores de empresas públicas provinciales aporten al Instituto de Previsión Social.
El gobierno de Axel Kicillof defendió la decisión de transferir al Instituto de Previsión Social (IPS) los aportes previsionales de unos 20.000 trabajadores de empresas estatales bonaerenses, luego de que el Gobierno nacional presentara una demanda ante la Corte Suprema para frenar la medida.
La controversia gira en torno al artículo 59 de la Ley de Presupuesto 2026 de la Provincia, que dispuso que las empresas públicas provinciales comiencen a realizar sus aportes patronales al IPS en lugar de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). De esa manera, los empleados alcanzados pasarán a jubilarse dentro del régimen previsional bonaerense.
Este lunes, en conferencia de prensa, el ministro de Gobierno Carlos Bianco sostuvo que la decisión "es lo que corresponde porque son empresas estatales de la provincia de Buenos Aires y, por lo tanto, corresponde llevar adelante los aportes en la caja provincial para luego jubilarse con la jubilación provincial".
La presentación judicial fue impulsada por la Procuración del Tesoro de la Nación, que solicitó que se declare la inconstitucionalidad del artículo y se suspenda su aplicación. Desde la administración de Javier Milei sostienen que la norma afecta el financiamiento de la ANSES e invade competencias del Estado nacional.
Bianco rechazó esos argumentos y atribuyó la demanda a una decisión política. "No se quieren quedar sin los fondos", afirmó la mano derecha de Kicillof, al tiempo que señaló que el planteo de la administración libertaria "va en contra de toda la doctrina que siempre mantuvo la ANSES". Según explicó, en antecedentes similares el organismo previsional nacional avaló que empresas y organismos provinciales realizaran sus aportes en las cajas previsionales de cada jurisdicción.
Además, el funcionario consideró que la ofensiva judicial forma parte de una estrategia para "dificultar la gestión en la provincia", en un contexto de conflictos entre ambas administraciones por el financiamiento provincial y otras causas que ya tramitan en la Corte Suprema.
La medida alcanza a trabajadores de empresas como ABSA, Aubasa, Centrales de la Costa, Bagsa y Ceamse, entre otras sociedades con participación estatal bonaerense.
El artículo 59 también fue cuestionado por la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada Argentina (AIEPA), que promovió una demanda ante la Suprema Corte bonaerense al entender que la norma obliga a los establecimientos privados a derivar al IPS los aportes de docentes y auxiliares. De acuerdo con la entidad, esa disposición podría alcanzar a entre 50.000 y 55.000 trabajadores del sector educativo privado.
