Milei vuelve a congelar el bono para jubilados mientras su poder de compra se derrumba
Aunque volvió a confirmarse para julio, el bono previsional permanece congelado desde 2024 y ya perdió cerca del 50% de su poder adquisitivo.
La confirmación de un nuevo pago del bono extraordinario para jubilados y pensionados volvió a poner en evidencia una de las principales críticas que enfrenta la política previsional del Gobierno de Javier Milei: el congelamiento de un refuerzo que permanece sin modificaciones desde principios de 2024 mientras los precios continúan avanzando y deteriorando los ingresos de quienes perciben los haberes más bajos.
A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, la administración nacional ratificó que en julio volverá a abonarse el bono de $70.000 destinado a jubilados que cobran la mínima, beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y titulares de distintas pensiones no contributivas. Sin embargo, lejos de representar una mejora para el sector, la medida confirma la continuidad de una política que especialistas señalan como una de las herramientas centrales del ajuste sobre los adultos mayores.
Desde que asumió Milei, el bono permanece congelado en el mismo monto, pese a que la inflación acumulada durante ese período redujo drásticamente su capacidad de compra. Mientras el Gobierno destaca la actualización mensual de los haberes mediante la fórmula atada al Índice de Precios al Consumidor (IPC), el complemento extraordinario quedó inmóvil, perdiendo relevancia dentro del ingreso total de quienes menos cobran.
Según un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA), el bono ya acumula una pérdida real cercana al 50% desde la implementación de la nueva fórmula previsional. De haber acompañado la inflación, debería ubicarse actualmente en torno a los $155.000, más del doble del valor vigente. La consecuencia es directa: la jubilación mínima con bono incluido pierde capacidad para cubrir las necesidades básicas de un sector cada vez más vulnerable.
En julio, la jubilación mínima ascenderá a $411.989,33 tras la actualización correspondiente por inflación. Sumado el bono, el ingreso total llegará a $481.989,33. Aunque el monto representa una mejora nominal respecto de meses anteriores, distintas mediciones advierten que continúa lejos de garantizar condiciones de vida dignas y permanece muy por debajo de lo que requieren los jubilados para cubrir una canasta básica de consumo.
Un ajuste que se profundiza sin recortar haberes
Y es que l mecanismo actual permite al Gobierno avanzar en la reducción del gasto previsional sin necesidad de anunciar recortes directos sobre las jubilaciones. En lugar de disminuir haberes, el ajuste se produce mediante la licuación progresiva del bono, cuyo peso dentro del ingreso total de los jubilados se reduce mes tras mes.
Cuando comenzó a aplicarse la nueva fórmula de movilidad, en abril de 2024, el bono representaba cerca del 29% del ingreso de un jubilado que cobraba la mínima. Un año después esa participación cayó al 20% y las proyecciones indican que continuará descendiendo.
Las perspectivas tampoco resultan alentadoras. Aun en un escenario de desaceleración inflacionaria, las proyecciones señalan que la recuperación de los ingresos previsionales encontraría un límite. El informe estima que para 2027 el bono habrá perdido cerca del 58% de su valor real respecto del momento en que comenzó a aplicarse la actual fórmula de movilidad.
De esta manera, la baja de la inflación, uno de los principales argumentos que exhibe el Gobierno como señal de éxito económico, no necesariamente se traduce en una recomposición del poder adquisitivo de los jubilados. Por el contrario, los especialistas advierten que el sistema podría estabilizarse en niveles considerablemente inferiores a los registrados años atrás.
Mientras la administración libertaria continúa exhibiendo el superávit fiscal como uno de sus principales logros de gestión, crecen los cuestionamientos sobre el costo social de ese equilibrio de las cuentas públicas. En ese debate, los jubilados aparecen como uno de los sectores más afectados por el ajuste: ingresos que rozan la indigencia, bonos congelados y una pérdida sostenida del poder de compra que, lejos de revertirse, amenaza con convertirse en la nueva normalidad previsional de la Argentina.
