Tras el brutal ajuste, el Gobierno vuelve a recurrir al endeudamiento externo
Pese a reivindicar el superávit fiscal como un logro de gestión, Milei autorizó nueva deuda por hasta US$5.000 millones con bancos internacionales.
Mientras el Gobierno nacional continúa presentando el superávit fiscal como la principal muestra del éxito de su programa económico, este lunes quedó oficializada una nueva autorización para tomar deuda externa por hasta US$5.000 millones.
La norma lleva las firmas del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete Manuel Adorni y del ministro de Economía Luis Caputo, y tiene como objetivo declarado reducir el costo de financiamiento del Tesoro Nacional mediante préstamos que podrán contar con garantías parciales de organismos multilaterales de crédito.
La decisión vuelve a instalar un interrogante sobre la sustentabilidad del esquema económico oficial. Después de más de dos años de fuerte ajuste sobre jubilaciones, salarios, obra pública, transferencias a provincias y gasto estatal, el Ejecutivo sostiene que logró ordenar las cuentas públicas. Sin embargo, la búsqueda de nuevos recursos en el exterior refleja que el acceso al financiamiento continúa siendo una pieza clave de la estrategia económica.
Uno de los aspectos más sensibles de la medida es la autorización para incluir cláusulas de prórroga de jurisdicción a favor de tribunales estaduales y federales de Nueva York, una práctica habitual en los mercados internacionales pero históricamente cuestionada por distintos sectores políticos debido a la cesión de competencia judicial en eventuales conflictos vinculados a la deuda.
El decreto también contempla la renuncia a oponer la defensa de inmunidad de jurisdicción en relación con los contratos que se firmen bajo este esquema. No obstante, aclara que esa renuncia no alcanza a la inmunidad de ejecución sobre activos considerados estratégicos para el Estado argentino.
Entre los bienes protegidos figuran las reservas y cuentas del Banco Central, los bienes de dominio público, aquellos destinados a la prestación de servicios públicos esenciales, los activos diplomáticos y consulares, los bienes militares y el patrimonio cultural. También quedan excluidos de eventuales embargos los impuestos, regalías y demás bienes declarados inembargables por la legislación nacional.
La normativa otorga además amplias facultades al equipo económico para determinar plazos, tasas, monedas, mecanismos de financiamiento y condiciones de emisión. Asimismo, podrá designar bancos colocadores, contratar agentes fiscales, calificadoras de riesgo, custodios y demás actores necesarios para estructurar las operaciones.
En el Gobierno argumentan que la medida busca aprovechar mejores condiciones financieras y abaratar el costo de endeudamiento. Sin embargo, la decisión llega en un contexto particular: aunque el riesgo país mostró una importante reducción respecto de los niveles heredados y el oficialismo reivindica el equilibrio fiscal alcanzado tras un severo ajuste, la administración libertaria sigue recurriendo al crédito externo para reforzar sus necesidades de financiamiento.
De esta manera, el Ejecutivo abre un nuevo capítulo en su estrategia económica. Mientras el discurso oficial continúa centrado en el ordenamiento de las cuentas públicas y la reducción del déficit, la autorización para tomar hasta US$5.000 millones en nueva deuda vuelve a poner sobre la mesa un debate recurrente en la Argentina: hasta qué punto el ajuste alcanza para sostener el programa económico sin recurrir nuevamente al endeudamiento externo.
