Aumenta peligrosamente el contagio de enfermedades ligadas a la pobreza
El aumento de casos de coqueluche, leptospirosis, hepatitis A e intoxicaciones por monóxido evidencia la falta de inversión nacional en materia sanitaria
Los datos del último Boletín Epidemiológico Nacional deberían encender alarmas. Enfermedades que parecían controladas o en retroceso vuelven a mostrar cifras superiores a las esperadas. La coqueluche o tos convulsa creció casi un 300% respecto de la mediana histórica; la hepatitis A aumentó más de un 150%; la leptospirosis un 84%; y las intoxicaciones por monóxido de carbono más que duplicaron los registros habituales.
Analizadas de manera aislada, cada una de estas cifras podría encontrar explicaciones específicas. Pero observadas en conjunto dibujan una imagen más amplia: el regreso de problemas sanitarios históricamente vinculados con la pobreza, la precariedad habitacional y el debilitamiento de las políticas de prevención.
La leptospirosis es quizás el ejemplo más evidente. Su expansión suele asociarse a la falta de saneamiento, la proliferación de roedores y la exposición a aguas contaminadas. La hepatitis A, aunque contenida durante años gracias a la vacunación, también mantiene una relación histórica con el acceso al agua segura y a redes cloacales. Las intoxicaciones por monóxido de carbono, por su parte, encuentran terreno fértil en viviendas precarias, artefactos deficientes y hogares que no pueden afrontar alternativas más seguras de calefacción.
Este escenario coincide con una fuerte retracción del Estado nacional en áreas vinculadas a salud e infraestructura. Durante la gestión de Javier Milei se paralizaron centenares de obras públicas y se registraron recortes presupuestarios en programas sanitarios y de saneamiento, en línea con la estrategia de ajuste fiscal impulsada por la administración libertaria.
El problema es que las consecuencias de esas decisiones rara vez aparecen de manera inmediata. Las enfermedades prevenibles no aumentan el día después de un recorte. Los efectos suelen acumularse silenciosamente: menos controles, menos campañas, menor presencia territorial del Estado y una infraestructura que deja de expandirse mientras crece la demanda social.
La coqueluche merece un capítulo aparte. El incremento de casos coincide con advertencias reiteradas de especialistas sobre la necesidad de sostener y reforzar las coberturas de vacunación. Cuando las campañas pierden intensidad o la población encuentra más dificultades para acceder al sistema de salud, las enfermedades inmunoprevenibles encuentran una oportunidad para reaparecer.
Por supuesto, atribuir automáticamente cada caso al ajuste sería simplista. Las dinámicas epidemiológicas son complejas y responden a múltiples factores. Sin embargo, también sería ingenuo ignorar que la salud pública depende de políticas sostenidas, inversión y presencia estatal.
La pregunta que dejan los datos del BEN es incómoda pero necesaria: si aumentan simultáneamente enfermedades asociadas a la pobreza, problemas de saneamiento, fallas en la prevención y condiciones habitacionales deficientes, ¿es posible desvincular completamente ese fenómeno del modelo de Estado mínimo que impulsa el Gobierno nacional?
Los números todavía no permiten una respuesta definitiva. Pero sí constituyen una señal de alerta sobre el costo sanitario que podría tener una estrategia basada exclusivamente en el ajuste fiscal. Porque cuando el Estado se retira de la prevención, la infraestructura y la salud pública, las enfermedades suelen ocupar el espacio vacante.
