En medio del escándalo patrimonial, la esposa de Adorni pidió ingresar al régimen de "inocencia fiscal"
La adhesión de Bettina Angeletti al régimen para regularizar activos no declarados suma nuevos interrogantes sobre el patrimonio familiar investigado por la Justicia.
La espera por la declaración jurada de Manuel Adorni sumó en las últimas horas un nuevo capítulo que vuelve a poner bajo la lupa el patrimonio del jefe de Gabinete y su entorno más cercano. Cuando ya transcurrieron semanas desde aquella promesa pública de Javier Milei de que el funcionario mostraría "en breve" sus números, ahora se conoció que su esposa, Bettina Julieta Angeletti, solicitó acogerse al régimen de regularización tributaria conocido como "inocencia fiscal", una herramienta pensada para sincerar activos e ingresos no declarados previamente.
El dato, revelado por La Nación a partir de registros oficiales de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), agrega un nuevo elemento a una historia que está lejos de cerrarse. Según consta en la documentación, Angeletti presentó la solicitud el 31 de mayo pasado para adherirse a la Ley 27.799 correspondiente al período fiscal 2025. El esquema permite declarar ingresos y bienes previamente no exteriorizados sin sanciones penales tributarias ni antecedentes impositivos, a cambio de regularizar la situación fiscal del contribuyente.
La novedad adquiere especial relevancia porque se conoce a pocos días de que Adorni deba exhibir una declaración jurada patrimonial cuya presentación viene demorando desde hace meses y que, según distintas versiones que circulan en ámbitos políticos y judiciales, sería extremadamente compleja de justificar. En el oficialismo incluso admiten en voz baja que el documento genera preocupación por el nivel de detalle que deberá ofrecer para explicar el crecimiento patrimonial registrado desde su desembarco en la función pública.
La situación abre un inevitable interrogante político. El mismo funcionario que durante meses construyó parte de su perfil público reivindicando la transparencia, la austeridad y la necesidad de terminar con los privilegios de "la casta", enfrenta hoy cuestionamientos por utilizar herramientas legales que históricamente fueron señaladas por sectores libertarios como beneficios para quienes no cumplieron con sus obligaciones tributarias.
La constancia oficial indica además que Angeletti figura registrada como trabajadora autónoma desde abril de 2017 bajo el rubro "actividades profesionales, científicas y técnicas". Sin embargo, de acuerdo con la investigación periodística, recién formalizó su inscripción en IVA y en el impuesto a las ganancias en octubre de 2025, cuando Adorni ya ocupaba un cargo central dentro del Gobierno nacional y ambos integraban la nómina de Personas Políticamente Expuestas (PEP).
El régimen simplificado al que decidió adherirse elimina la obligación de justificar las variaciones patrimoniales a través del denominado "monto consumido" y se limita a declarar ingresos, gastos y deducciones. La propia normativa establece, sin embargo, que los beneficios alcanzan únicamente al plano tributario y no implican inmunidad frente a eventuales investigaciones por lavado de activos o enriquecimiento ilícito.
En ese sentido, el expediente que tramitan el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo en Comodoro Py continúa avanzando sobre distintos movimientos económicos atribuidos al matrimonio. Entre ellos figura la compra de un departamento en Caballito, por el cual habrían abonado 30 mil dólares en efectivo y obtenido una hipoteca sin intereses por 200 mil dólares otorgada por dos jubiladas. También se investiga la adquisición de una vivienda en el country Golf Club Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, valuada en 120 mil dólares, de los cuales 20 mil fueron pagados en efectivo y el resto financiado mediante otra hipoteca particular.
A esas operaciones se sumó la declaración del contratista Matías Tabar, quien aseguró ante la Justicia haber recibido 245 mil dólares en efectivo y sin facturación para realizar refacciones en la propiedad del country. El ingreso al exclusivo barrio privado habría demandado otros 5.000 dólares.
Como si el escenario no fuera lo suficientemente delicado, la propia Angeletti también es objeto de otra investigación judicial que busca determinar si existieron negociaciones incompatibles con la función pública vinculadas a +Be, su consultora privada. En ese expediente se analizan contrataciones con empresas proveedoras del Estado, entre ellas Grupo Datco, National Shipping y Grupo Foggia.
Mientras tanto, la declaración jurada patrimonial de Adorni continúa sin aparecer. En la Casa Rosada aseguran que será presentada dentro de los plazos legales, aunque la demora alimentó sospechas y profundizó el desgaste político alrededor de uno de los dirigentes más cercanos a Milei. La estrategia oficial, según deslizan distintas fuentes, apuesta a que el inicio del Mundial 2026 contribuya a diluir el impacto mediático de una presentación que promete generar nuevas controversias.
Por ahora, la paradoja permanece intacta. El funcionario que llegó al poder prometiendo terminar con los privilegios y los mecanismos de una dirigencia cuestionada, enfrenta cada vez más preguntas sobre su propio patrimonio. Y mientras la declaración jurada sigue guardada bajo siete llaves, el recurso a la "inocencia fiscal" por parte de su esposa no hace más que sumar un nuevo capítulo a un caso que el Gobierno todavía no consigue dejar atrás.
