Milei quiso correr a los jueces de la causa universitaria, pero la Corte dijo que no
La Corte Suprema desestimó los planteos del Gobierno y mantuvo a los magistrados que intervienen en la causa por el financiamiento universitario.
La Corte Suprema de Justicia rechazó los planteos impulsados por la administración de Javier Milei para apartar a los jueces que intervienen en la causa por el financiamiento universitario, en un fallo que representa un nuevo revés para la estrategia oficial de frenar la aplicación de una ley aprobada por amplia mayoría en el Congreso.
La decisión fue firmada por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes desestimaron tanto las recusaciones presentadas contra magistrados de instancias inferiores como el pedido para que los propios integrantes del máximo tribunal se excusaran de intervenir en el expediente.
El conflicto tiene como eje la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente (Ley 27.795), una norma sancionada por el Congreso que busca garantizar recursos para el funcionamiento de las universidades nacionales y recomponer los ingresos de los trabajadores docentes. Sin embargo, el Gobierno decidió limitar su aplicación a través del decreto 759/2025, argumentando que la ejecución de la ley depende de la definición de fuentes específicas de financiamiento y de la correspondiente asignación presupuestaria.
Frente a esa decisión, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rectores de distintas universidades nacionales promovieron un amparo colectivo para exigir el cumplimiento de la norma.
En un intento por revertir ese escenario, el Estado nacional cuestionó la imparcialidad de los magistrados que intervienen en la causa. El argumento oficial se apoyó en que algunos de ellos ejercen la docencia en universidades públicas, una situación que, según la Casa Rosada, podría comprometer su objetividad al momento de resolver una controversia vinculada al financiamiento universitario.
La Corte rechazó de plano esa interpretación. En la resolución sostuvo que no existe ningún elemento que permita concluir que la actividad docente implique un interés personal, directo y relevante en el resultado del litigio. Además, recordó que los mecanismos de recusación y excusación son excepcionales y deben aplicarse con criterio restrictivo para evitar afectar el principio constitucional del juez natural.
El fallo no resuelve todavía la cuestión de fondo, que seguirá siendo debatida en los tribunales. Lo que permanece en discusión es si el Poder Ejecutivo está obligado a cumplir de manera inmediata con una ley sancionada por el Congreso o si puede condicionar su aplicación a criterios presupuestarios definidos unilateralmente por el propio Gobierno.
La decisión de la Corte llega además en un contexto de creciente preocupación dentro de la comunidad universitaria. En los últimos días, más de 4.700 referentes académicos, juristas, organizaciones sociales y personalidades públicas impulsaron una presentación ante el máximo tribunal para reclamar una resolución rápida del expediente y advertir sobre el impacto que la falta de financiamiento tiene sobre el sistema universitario.
El conflicto trasciende la discusión técnica sobre partidas presupuestarias. Para amplios sectores de la sociedad argentina, las universidades públicas representan uno de los principales instrumentos de movilidad social ascendente, formación profesional e investigación científica. Por eso, la resistencia del Gobierno a implementar una ley aprobada por ambas cámaras del Congreso continúa generando fuertes cuestionamientos.
Mientras la administración de Milei sostiene la necesidad de preservar el equilibrio fiscal como eje central de su programa económico, desde las universidades recuerdan que el ajuste viene impactando de manera directa sobre salarios docentes, becas estudiantiles, infraestructura y funcionamiento institucional. Las críticas se profundizan además ante decisiones oficiales que sí habilitaron incrementos presupuestarios en áreas sensibles como los organismos de inteligencia, mientras la educación superior continúa denunciando una situación de emergencia financiera.
