Marinucci confirmó que la Provincia no adherirá a los cambios en la VTV

El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, cuestionó la eliminación de subsidios nacionales al sistema de transporte, defendió la política tarifaria implementada por la gestión de Axel Kicillof y volvió a rechazar los cambios impulsados por el Gobierno nacional en materia de Verificación Técnica Vehicular (VTV).

Al referirse al esquema tarifario vigente en el transporte público bonaerense, el funcionario recordó que durante años fue el Estado nacional quien afrontó gran parte de los subsidios destinados a sostener el valor de los boletos, situación que cambió con la llegada de la administración de Javier Milei.

"Siempre Nación hizo frente a la necesidad de subsidio en el transporte, tanto en la provincia de Buenos Aires como en otras jurisdicciones, hasta que el gobierno de Milei quitó el fondo compensador del interior", señaló Marinucci, en diálogo con Código Baires.

En ese sentido, explicó que la Provincia debió diseñar un esquema propio de financiamiento para las líneas de jurisdicción bonaerense, que comprenden los servicios numerados entre el 200 y el 499, además de asistir a los servicios municipales del Área Metropolitana de Buenos Aires.

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"Hoy se disponen desde la provincia unos 75 mil millones de pesos por mes a la compensación del boleto que pagan los usuarios al momento de transportarse, más boleto educativo y demás", afirmó.

Marinucci también justificó los recientes incrementos tarifarios y explicó que responden a la evolución de los costos operativos. "Cuando nosotros establecemos un esquema de incremento constante, tanto con la Ciudad, del 2% más IPC, luego hay determinados saltos que tienen que ver por decisión propia de política del Gobierno nacional, por ejemplo con el aumento del combustible o la devaluación", sostuvo.

En esa línea, indicó que el último ajuste excepcional del 11,6% respondió al fuerte incremento registrado en el precio del combustible. "Había sufrido un 23% desde la última estructura de costo al mes pasado, que fue cuando se llevó ese incremento", detalló.

Además, denunció que el Gobierno nacional mantiene una importante deuda vinculada al denominado atributo social, el beneficio que permite que determinados sectores paguen un boleto con descuento.

"El Estado Nacional, a la provincia de Buenos Aires, nos debe hace cuatro meses. Son unos 60 mil millones de pesos que no le debe a la Provincia, le debe a los transportistas, a las empresas, que son quienes están financiando el viaje de aquellos que tienen algún beneficio social", aseguró.

La Provincia ratificó que no adherirá a los cambios en la VTV

Por otra parte, Marinucci volvió a marcar diferencias con las modificaciones impulsadas por el Gobierno nacional en el sistema de revisiones técnicas vehiculares y confirmó que la provincia de Buenos Aires mantendrá el esquema actual de VTV.

"Desde el primer momento nos opusimos, no porque sea una propuesta del Gobierno nacional. Entendemos que es nociva y contraproducente al objeto claro que tiene la Verificación Técnica Vehicular, que es garantizar que los vehículos que circulan tengan al menos una revisión anual", explicó.

Por ese motivo, ratificó que la Provincia no adherirá a la normativa nacional. "En la provincia de Buenos Aires, todo vehículo radicado en la provincia de Buenos Aires tiene que tener la VTV vigente, realizada en una planta oficial de la provincia de Buenos Aires", remarcó.

Consultado sobre los argumentos del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien planteó que apenas el 1% de los accidentes de tránsito se producen por fallas mecánicas, Marinucci respondió que ese dato demuestra precisamente la utilidad del sistema de control. "Si la revisión, teniendo la obligatoria, solamente representa el 1%, quiere decir que la revisión es efectiva. Con lo cual está bien", sostuvo.

Además, expresó su preocupación por la posibilidad de que los talleres mecánicos sean al mismo tiempo quienes controlen y reparen los vehículos. "Yo lo que tengo claro es que no puedo hacer que un vehículo sea verificado en un lugar donde el sentido de ese lugar sea vender mano de obra o recambiar un repuesto. Acá no se puede ser juez y parte", afirmó.

Para el ministro, el actual sistema ofrece mayores garantías de imparcialidad porque las plantas verificadoras no realizan reparaciones ni comercializan repuestos. "Si se dedican a hacer verificación, tienen la expertise en esa materia. Está bien que el titular del vehículo vaya después a su mecánico de confianza para que haga los arreglos", señaló.

Finalmente, advirtió sobre los riesgos que podría generar una flexibilización de los controles en un contexto donde ya existen denuncias por comercialización ilegal de obleas. "Desde que estoy al frente del Ministerio hemos realizado mil denuncias a distintas plataformas, páginas web, WhatsApp y redes sociales por venta de obleas. Imaginémonos si existe una desregulación y que en cualquier lado te pueden poner una oblea que está verificando el vehículo", alertó.