Las pymes le reclaman a Caputo frenar embargos y multas de ARCA
En medio de la caída del consumo y del debate por cambios en la Ley de Inocencia Fiscal, el sector busca un alivio para sostener la actividad productiva.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) solicitó al ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, una serie de medidas de alivio para las pequeñas y medianas empresas ante el anuncio del envío al Congreso de un proyecto para modificar la actual Ley de Inocencia Fiscal.
La entidad planteó que, durante el período de espera contemplado en la futura normativa, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se abstenga de aplicar multas a las pymes por incumplimientos tributarios.
Además, propuso que, en aquellos casos en los que los contribuyentes regularicen su situación dentro de los 15 días posteriores al vencimiento de ese período de espera, las sanciones económicas se reduzcan en un 50%. Según el planteo de la organización, la aplicación total de las multas debería quedar reservada únicamente para quienes no cumplan con sus obligaciones una vez agotados todos los plazos previstos.
Por otra parte, CAME pidió la suspensión de las ejecuciones fiscales y de los embargos que puedan recaer sobre las pequeñas y medianas empresas mientras se avanza con el tratamiento de la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional.
En ese marco, el coordinador de la Comisión de Asuntos Tributarios de CAME, Vicente Lourenzo, reclamó la puesta en marcha de un régimen especial de facilidades de pago. “Pedimos la implementación de un régimen especial de facilidades de pago que contemple hasta 48 cuotas, con una condonación del 50% de los intereses devengados y una tasa de financiación equivalente al 50% de la tasa pasiva del Banco Nación. A su vez, dicho régimen debería comprender las deudas vencidas al 31 de mayo del presente año, así como también los planes de facilidades de pago vigentes y aquellos que hubieran caducado”, señaló.
La propuesta de la entidad también contempla que el esquema alcance tanto las obligaciones vencidas hasta el 31 de mayo de este año como los planes de pago actualmente vigentes y aquellos que hayan perdido vigencia por incumplimiento.
Desde CAME argumentaron que el pedido se realiza en un escenario marcado por la caída del consumo y en medio de las discusiones sobre una eventual reforma tributaria promovida por el Fondo Monetario Internacional (FMI). En ese contexto, sostuvieron que las medidas solicitadas contribuirían a sostener la actividad productiva, mejorar la competitividad de las pymes y generar condiciones para su desarrollo.
